La política De Cero a Siempre, creada para garantizar la atención integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los seis años, cumple 10 años como ley con avances en cobertura, pero también con profundas brechas en calidad y acceso. Una investigación de 14 expertos concluye que el lugar donde nace un niño todavía determina buena parte de sus oportunidades.
El estudio fue elaborado por investigadores vinculados a universidades como Los Andes, la Nacional, la del Norte, Oxford, Harvard y Nueva York. Para desarrollarlo, entrevistaron entre febrero y julio de 2026 a 24 personas que conocen la política desde su implementación, entre funcionarios, académicos, representantes de organismos multilaterales y organizaciones sociales. También revisaron bases de datos y literatura científica.
Más cobertura, pero con grandes diferencias territoriales
Cuando nació la estrategia, en 2011, llegaba a cerca de 1,2 millones de niños y niñas. En 2024, la cifra había aumentado a 2,6 millones y el 82 % recibía al menos seis de las diez atenciones que el Estado considera prioritarias en salud, nutrición, protección y desarrollo.
Sin embargo, ese promedio nacional oculta diferencias marcadas. En las zonas rurales, la proporción bajaba al 54 %, mientras que en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial llegaba al 56 %. Los investigadores describen esta desigualdad como una “lotería geográfica”: las posibilidades de desarrollo dependen, en buena medida, del lugar de nacimiento.
La nueva Medida de Pobreza en la Niñez del Departamento Nacional de Planeación registró que, en 2025, el 24,7 % de los niños, niñas y adolescentes del país —unos 3,5 millones— enfrentaba varias privaciones simultáneas. La cifra era del 16,1 % en las ciudades y del 45,8 % en el campo. En Guainía, Vaupés, La Guajira y Chocó superaba el 60 %, mientras que en Vichada pasaba del 90 %.
La calidad de las interacciones es el principal reto
Uno de los análisis, dirigido por Juan Camilo Cristancho, de la Universidad EAFIT, examinó hogares comunitarios del ICBF en Bogotá y Cartagena. El equipo observó la forma en que las maestras hablaban con los niños, respondían ante sus emociones y promovían el juego, las preguntas y el aprendizaje. Después cruzó esos datos con los homicidios ocurridos cerca de los centros.
Cuando se registraba un asesinato a menos de 500 metros, un aula con una calidad promedio descendía del percentil 50 al 30. El deterioro podía durar hasta un mes y medio, aunque los niños ni siquiera supieran lo ocurrido. La investigación plantea que el impacto se producía porque las maestras sí conocían el hecho y enfrentaban sus efectos emocionales.
Para Jorge Cuartas, profesor de la Universidad de los Andes y coeditor del documento, la principal deuda de la política está en cumplir con calidad. “Tenemos una muy buena política en el papel. Pero hay un reto histórico, que es cumplirla con calidad”, afirmó.
El problema también aparece en otros indicadores. La vacunación nacional se ubicaba entre el 82,7 % y el 89,4 %, por debajo de la meta del 95 %. Vaupés, Vichada y Buenaventura estaban entre los territorios más rezagados. La desnutrición aguda se concentraba en departamentos como La Guajira, Chocó y Vichada, con prevalencias de 1,20 por cada 100 menores de cinco años en los dos primeros y de 1,08 en Vichada, frente a 0,46 en Bogotá.
Pobreza, desplazamiento y falta de continuidad
Los investigadores señalan que los municipios más pobres suelen enfrentar al mismo tiempo conflicto armado, desplazamiento y amenazas climáticas. Colombia tiene 7,2 millones de desplazados internos y uno de cada cuatro niños menores de seis años vive en municipios muy afectados por el conflicto. Cerca de 1,07 millones habitan en municipios priorizados por su riesgo climático.
Ana María Restrepo-Sáenz, investigadora de la Universidad de Oxford y coeditora del estudio, advierte que las familias desplazadas deben reconstruir sus vidas en condiciones de estrés y angustia. En ese escenario, prácticas como el juego, la conversación y la estimulación pueden quedar relegadas. “Si tú no estás bien, no puedes estar bien para tus hijos”, explicó.
A esta situación se suma la reducción de recursos de la cooperación internacional, que puede provocar no solo el cierre de programas, sino también la pérdida de experiencia acumulada para atender a las comunidades.
Infraestructura no garantiza mejores resultados
La última medición nacional de la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil se realizó en 2017 y arrojó un resultado de 2,34 sobre 4, considerado moderado. En los colegios, el 95 % de los docentes de transición tenía título profesional, mientras que en los CDI del ICBF la proporción era del 51 %.
El traslado de niños desde hogares comunitarios hacia centros más grandes y mejor dotados produjo algunos avances en crecimiento y redujo el sobrepeso, pero no mejoró el desarrollo cognitivo. El estudio atribuye esa diferencia a la menor calidad de las rutinas y actividades pedagógicas. Para los investigadores, el factor decisivo sigue siendo la relación entre el niño y el adulto que lo cuida.
El país tampoco cuenta actualmente con una encuesta nacional de hogares que mida el desarrollo del lenguaje, la motricidad o las capacidades emocionales de los niños. La última encuesta nacional de nutrición data de 2015.
Cuartas sostiene que la inversión en primera infancia debe entenderse como una forma de prevención y ahorro. Un cupo en un CDI cuesta cerca de seis millones de pesos al año, mientras que la atención de un adolescente en el sistema de responsabilidad penal puede costar entre 30 y 35 millones.
Las propuestas de los investigadores
El colectivo CIMIENTOS propone medir la calidad a partir de las interacciones y no únicamente de la infraestructura, establecer indicadores comunes, abrir los datos, coordinar mejor a las entidades y los territorios y garantizar una financiación estable que no dependa de contratos anuales.
Cuartas considera que el cambio de gobierno ofrece una oportunidad para devolver la Comisión Intersectorial de Primera Infancia a la Presidencia. Restrepo-Sáenz, por su parte, plantea que el reto no es simplemente llevar la política a las regiones, sino fortalecer las capacidades de quienes trabajan allí y ampliar las experiencias que han demostrado resultados.