La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades reforzar las medidas de prevención y mantener un seguimiento permanente a la seguridad en Briceño (Antioquia), tras la captura de Néider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”. El organismo consideró que la detención es un avance para proteger a las comunidades, pero advirtió que no elimina por sí sola los riesgos que enfrentan.
Uñates López fue detenido el sábado 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, en la zona rural del municipio. Las autoridades lo presentaron como uno de los jefes del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”. Sin embargo, fuentes del Ejército indicaron que desde agosto el hombre pertenecería al Clan del Golfo, estructura en la que la Defensoría lo ubica al frente de la subestructura 5.
Retaliaciones y desplazamientos: los riesgos que siguen
Para la entidad, la captura es un paso fundamental para las comunidades que viven bajo el control territorial de esa estructura. Sostuvo que la investigación, la eventual judicialización y la sanción por los hechos que se le atribuyen hacen parte de la garantía de los derechos de las víctimas.
Aun así, aclaró que la detención no supone la superación de los peligros. “Es indispensable mantener y fortalecer las medidas de prevención y protección de la población civil”, señaló, y pidió “una respuesta institucional integral y sostenida que atienda las necesidades de las comunidades”.
La Defensoría recordó que la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ya había advertido sobre la grave situación humanitaria del municipio. El documento vincula ese escenario de riesgo con las confrontaciones entre el frente 36, las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo, a las que se suma el frente 18 de las disidencias, que opera bajo el mando y con los recursos del Estado Mayor Central de alias “Iván Mordisco”.
Según la alerta, los habitantes enfrentan amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad. También advierte sobre la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados y los riesgos para líderes comunitarios, docentes, estudiantes y familias campesinas.
El homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda
Entre los crímenes que se le atribuyen a “Primo Gay” está la orden de asesinar a Mateo Pérez Rueda, comunicador de 25 años y director del medio El Confidente, de Yarumal, que cubría los enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército en el norte de Antioquia. El pasado 5 de mayo salió en moto hacia la vereda Palmichal, en Briceño, y fue la última vez que su familia supo de él.
Alias “Víctor Chalá”, hoy capturado e imputado por el homicidio, habría interrogado al periodista y revisado su celular, donde habría encontrado un chat con un integrante del Ejército. Lo habría acusado de colaborar con la fuerza pública y le habría disparado para obligarlo a entregar información; ante su negativa, habría ordenado cavar un hueco y matarlo. El 8 de mayo, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo, pero el celular y los documentos no aparecieron.
La Defensoría recomendó fortalecer la protección de los liderazgos comunitarios, prevenir el reclutamiento de menores y adoptar medidas frente a las minas antipersonal y otros artefactos explosivos. También pidió al Gobierno nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Briceño articular esfuerzos, implementar las recomendaciones de la alerta y vigilar de forma permanente las condiciones de seguridad.
A las demás autoridades les solicitó medidas oportunas y verificables frente a posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos forzados, y garantizar la atención de las familias afectadas sin esperar a que se presenten nuevas vulneraciones de derechos humanos.