Las disidencias de las Farc estarían fortaleciendo sus drones con equipos de vigilancia y sensores cuyo valor puede alcanzar decenas de millones de pesos. La dimensión de estas capacidades quedó expuesta tras varios operativos realizados en el norte y el nordeste de Antioquia.
Según registros del Ministerio de Defensa citados en la investigación, hasta septiembre de 2026 se habían registrado 292 ataques con drones en Colombia, por encima de los 277 contabilizados durante todo 2025.
El equipo incautado en Gómez Plata
El 22 de octubre, tropas del Batallón de Artillería de Campaña número 4 de la Cuarta Brigada realizaron seis diligencias de registro y allanamiento en el corregimiento de San Matías, en Gómez Plata. Dos integrantes del frente 36 de las disidencias, identificados con los alias de Gisela y Gustavo, fueron capturados.
Durante el operativo fueron incautadas armas, munición, explosivos, vehículos, teléfonos y equipos de observación. Entre los elementos encontrados había un sistema de cámara aérea para dron que, según fuentes militares, pertenecía a la comisión de alias Samir, señalado como cabecilla del frente 36 en el norte de Antioquia.
La cámara sería de la serie Zenmuse de DJI, en una de sus versiones H20, H30 o H30T. Estos equipos pueden incluir sensores térmicos, zoom óptico y digital, telémetro láser y capacidades para operar en condiciones nocturnas. Su precio de mercado oscila entre 20 y 60 millones de pesos, según el modelo.
Drones modificados y una investigación en curso
En otro procedimiento, realizado en San Andrés de Cuerquia, el Ejército había incautado un dron industrial tipo octocóptero modelo Newlandle NPA-805H, acompañado de un control Skydroid H12. Equipos de este tipo pueden transportar cargas pesadas y ser utilizados para reconocimiento, vigilancia y traslado de sensores.
De acuerdo con la información recopilada, algunos drones originalmente diseñados para agricultura o vigilancia estarían siendo modificados para aumentar su capacidad de carga. El valor del sistema completo, incluidos el dron y sus aditamentos, podría superar los 100 millones de pesos.
Las autoridades investigan las rutas de ingreso de estos equipos, quiénes los adquieren y la posible relación de una empresa extranjera con el suministro a grupos armados. También se siguen pistas sobre escuelas de entrenamiento para operadores de drones y sobre la compra de dispositivos en comercios mayoristas de Medellín.
Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, afirmó que el país enfrenta un rezago frente a las capacidades tecnológicas de las organizaciones criminales. Hugo Acero, experto en seguridad, señaló que los grupos ilegales pueden comprar equipos sin los trámites que deben cumplir las entidades estatales.