Una magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares sobre la finca Piedra Linda, ubicada en Cimitarra, Santander, por su presunta relación con actividades de estructuras paramilitares que operaron en el Magdalena Medio.
La decisión incluye el embargo, el secuestro y la suspensión del poder dispositivo del inmueble. La propiedad tiene una extensión de 1.154 hectáreas y está valorada en más de 21.300 millones de pesos.
La ocupación fue realizada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con las labores de policía judicial y los testimonios recopilados, el predio habría sido utilizado para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares. Las investigaciones también señalan que en el lugar, al parecer, permanecieron instructores extranjeros contratados por esas organizaciones ilegales.
Aunque Piedra Linda aparece registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales evidenciaron una posible relación con personas involucradas en actividades de narcotráfico y en la conformación de estructuras armadas.
La Fiscalía informó que la hacienda será puesta a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el propósito de que genere recursos en favor de quienes fueron afectados por el conflicto armado.