La Superintendencia Nacional de Salud acatará el fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó suspender la intervención forzosa sobre Coosalud EPS y devolver su administración a los antiguos directivos, anunció el ente de control la tarde del viernes 30 de octubre.
La intervención había sido ordenada el 22 de noviembre de 2024 y prorrogada un año después. Tras la decisión del 29 de octubre, la administración de la EPS, la quinta más grande del país, volvería a Jaime González Montaño, representante legal, y a Natalia Largo González, representante suplente.
La medida había tomado por sorpresa al sector salud: la EPS cumplía los indicadores financieros, salvo el de reservas técnicas, y registraba un número de quejas y tutelas relativamente bajo frente a otras entidades. Supersalud aseguró, en su momento, que se estaban presentando hechos de presunta corrupción.
Los antiguos directivos de la entidad, con más de 3,3 millones de afiliados, denunciaron desde el primer momento que la intervención carecía de fundamento.
No es el primer pronunciamiento en esa dirección: en abril el mismo tribunal ya había ordenado suspender la intervención y devolver la administración al representante legal. La entonces superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, sostuvo que la EPS no contaba con ese cargo en ese momento.
Transición bajo vigilancia
En cumplimiento del fallo, Superintendencia de Salud adelantará las actuaciones administrativas para dar paso a la devolución de la administración. El ente afirmó que ejecutará el proceso "de manera organizada, técnica y gradual, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, la adecuada atención de los 3.337.343 afiliados de Coosalud EPS y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad, evitando cualquier afectación durante la transición".