ProCúcuta pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades locales reforzar las medidas de seguridad en Cúcuta y Norte de Santander tras varios hechos violentos registrados recientemente. La organización advirtió que la situación afecta la tranquilidad de los habitantes y genera riesgos para el comercio y el desarrollo económico de la región.
El pronunciamiento se produjo después del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, y de la detonación de un artefacto explosivo en el barrio Nuevo Escobal. Para la plataforma, estos hechos aumentan la preocupación ciudadana y pueden deteriorar la confianza en el territorio.
Solicitud de mayor capacidad institucional
ProCúcuta señaló que se necesitan mayores capacidades de seguridad, inteligencia e investigación judicial, además de un control territorial más efectivo. También pidió coordinar las acciones entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales para enfrentar a las estructuras criminales y obtener resultados que permitan recuperar la confianza de las comunidades.
La plataforma puso especial atención en los corredores estratégicos y en la zona de frontera con Venezuela, considerados fundamentales para la movilidad, el comercio y la integración económica binacional. Según la organización, garantizar condiciones estables en esos puntos es necesario para sostener la actividad económica y aprovechar el potencial productivo y logístico de Norte de Santander.
La inseguridad también tiene efectos sobre las empresas. De acuerdo con ProCúcuta, los problemas de orden público pueden elevar los costos de operación, aumentar la incertidumbre y retrasar decisiones de inversión, con consecuencias para el comercio, la logística y la generación de empleo.
La organización reconoció las ventajas geográficas y productivas del departamento, así como sus posibilidades para atraer inversiones y fortalecer el intercambio comercial. Sin embargo, advirtió que esas oportunidades dependen de que los empresarios puedan operar con mayores garantías.
Finalmente, ProCúcuta pidió una respuesta sostenida de las instituciones, con participación de los sectores empresarial y social. El objetivo, señaló, es proteger la vida, recuperar la confianza y crear condiciones que permitan impulsar el empleo y el desarrollo regional.