La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el exgobernador del Chocó Ariel Palacios Calderón y seis exfuncionarios de su administración por presuntas omisiones en la gestión de recursos destinados a la educación indígena durante 2023.
La decisión también cobija a los exsecretarios de Educación, Pedro Fidel Hurtado Orejuela, y de Hacienda, Duyeyny Valencia Mosquera; a los entonces líderes Administrativo y Financiero, Jhon Jairo Mena Hurtado, y de la Oficina de Cobertura, Yilmar Elías Córdoba Perea.
Además, fueron incluidos Hary Elizabeth Cardona Cañadas, profesional del área Financiera y de Presupuesto; Neyfer Dealy Du Souza Córdoba Mosquera, quien apoyaba la contratación, y Kely Johana Echeverry Ríos, entonces encargada de la gestión Administrativa.
Presunto retraso en los reportes
Según la Procuraduría, los investigados no habrían adoptado a tiempo las medidas necesarias para reportar ante el Ministerio de Educación Nacional el aumento de cobertura de estudiantes indígenas en las plataformas oficiales.
El organismo señaló que esa presunta omisión habría impedido gestionar recursos complementarios para cubrir un faltante de más de $30.000 millones, lo que habría provocado un déficit presupuestal en el departamento.
La entidad también indicó que la situación habría generado alteraciones del orden público por parte de comunidades afectadas. De manera provisional, calificó la conducta atribuida a los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Otra investigación contra el exgobernador
El exgobernador enfrenta además una investigación penal. El 13 de noviembre de 2025, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales por presuntas irregularidades en un acuerdo firmado el 26 de marzo de 2020.
Ese contrato, por $445 millones, tenía como objetivo entregar 800 kits de ayuda humanitaria a población víctima del conflicto armado durante la emergencia por la pandemia de covid-19.
De acuerdo con la Fiscalía, el contrato habría sido celebrado en contravía de las normas vigentes y entregado a una comercializadora de alimentos vinculada a una persona señalada de haber financiado la campaña electoral de Palacios Calderón a la Gobernación del Chocó.