La Procuraduría General de la Nación instaló una mesa interinstitucional para revisar las acciones contra la minería ilegal y la contaminación por mercurio. El seguimiento contempla tres zonas críticas: el río Quito, en Chocó; el Bajo Cauca antioqueño; y el río Puré, en Amazonas.
La mesa está a cargo de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y hace seguimiento a 22 exhortos dirigidos a más de 25 entidades del Estado. En la reunión participaron los ministerios de Ambiente, Minas y Defensa, la Agencia Nacional de Minería y la Fiscalía.
Tres zonas bajo seguimiento preventivo
En el río Quito, el área afectada por la minería creció 321,9 % en diez años, de acuerdo con la información presentada ante el Ministerio Público. La totalidad de esa expansión se ubica en zonas que no cuentan con título minero.
En el Bajo Cauca antioqueño se reportaron 493 nuevas hectáreas afectadas durante 2025. En el río Puré, la explotación ilícita alcanza el Parque Nacional Natural Río Puré, una situación que requiere coordinación binacional con Brasil.
Durante la reunión también se presentaron avances como el decomiso de 1.326 kilogramos de mercurio en el puerto de Cartagena, la reglamentación de la Licencia Ambiental Temporal para la formalización minera y el Decreto 1035 de 2024, que amplió al Ejército y a la Armada la facultad para destruir maquinaria utilizada en actividades ilegales.
Las entidades informaron además que trabajan en una norma de vertimientos al suelo que prohibiría la disposición de mercurio y en una estrategia para gestionar pasivos ambientales.
Como resultado de la mesa, las instituciones suscribirán una matriz de compromisos frente a los casos priorizados. La Procuraduría verificará los avances en una próxima sesión. La entidad sostuvo que la minería ilegal requiere una respuesta articulada del Estado y resultados comprobables en el territorio.