Colombia deberá tomar decisiones difíciles para enfrentar una crisis fiscal que combina un gasto superior a los ingresos, un elevado servicio de la deuda y proyecciones de déficit crecientes. Entre las alternativas analizadas están los recortes, una reforma para aumentar el recaudo, la renegociación de obligaciones y un eventual crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, afirmó que el Estado gasta cerca de $40 billones mensuales y recibe alrededor de $29 billones. Además, una parte considerable del presupuesto debe destinarse al pago de obligaciones adquiridas previamente.
Según datos del Banco de la República citados en la fuente, la deuda pública ascendía a $1.059 billones, equivalentes al 64 % del PIB, durante el segundo trimestre de 2026. Para 2027, el presupuesto fue aforado en $634 billones y contempla $155,4 billones para el servicio de la deuda, incluidos $94 billones en intereses.
El debate sobre el FMI
El acercamiento al FMI generó posiciones encontradas. Gustavo Petro sostuvo que Colombia no necesitaría un préstamo del organismo y planteó reducir el déficit con mayores impuestos a los sectores de más ingresos, una menor tasa de interés del Banco de la República y cambios en el déficit asociado a los combustibles.
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo consideró positivo el acercamiento, aunque advirtió que un crédito con condicionalidad no sería conveniente. Propuso recuperar, cuando se cumplan los requisitos, una línea de crédito flexible sin condiciones de reforma.
El analista Henry Amorocho también mencionó una línea flexible basada en compromisos autónomos de ajuste fiscal, como la reducción de gastos de funcionamiento mediante la reestructuración o fusión de entidades. Según sus cálculos, Colombia podría acceder a unos US$20.000 millones, equivalentes a cerca de $70 billones.
Otra alternativa planteada por el profesor Juan Diego Lobo es renegociar parte de la deuda para ampliar los plazos y obtener tasas más manejables. Algunos académicos calculan que una reducción de 200 puntos básicos en los intereses podría representar un ahorro cercano al 1,2 % del PIB.
Recortes, impuestos y venta de activos
Julio César Alonso, profesor de la Universidad Icesi, calculó que la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno central supera el 9 % del PIB. También señaló que uno de cada tres pesos de los ingresos de la Administración central se destina al pago de intereses.
Para Alonso, negociar con el FMI antes de que el problema sea inmanejable podría aliviar la financiación y enviar una señal favorable a los mercados. Laura Clavijo, de Bancolombia, consideró que no existe una única salida y advirtió que cualquier acuerdo podría incluir compromisos relacionados con reformas estructurales.
El Gobierno prevé radicar a mediados de octubre una ley de rescate económico. El proyecto incluiría una reducción gradual del 4X1000 y el desmonte del impuesto al patrimonio, mientras se define el tamaño del recorte de gastos para 2027.
Bancolombia estima que el déficit fiscal del Gobierno central llegará al 7,9 % del PIB en 2027. La entidad calcula que el recorte posible sería de unos $30 billones, frente a los $45 billones previstos por el Gobierno.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que este año sería difícil alcanzar una reducción del gasto de $21 billones y estimó que el ajuste viable sería de $9,7 billones. El organismo proyectó un déficit de 7,8 % del PIB para 2026 y de 9,5 % para 2027, además de una deuda neta equivalente al 67,4 % del PIB el próximo año.
También se ha planteado fortalecer la lucha contra el contrabando, revisar exenciones tributarias que podrían superar los $80 billones y estudiar la venta de participaciones estatales. Entre los activos mencionados está la participación de Colombia en ISA, valorada en más de $15 billones, además de posibles operaciones relacionadas con Ecopetrol.
El debate continúa mientras el Gobierno prepara el presupuesto y la ley de rescate económico. Las decisiones definirán cómo se distribuye el costo del ajuste entre el gasto público, los impuestos, la deuda y la administración de los activos del Estado.