El crédito será el primer examen económico del gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente electo llega junto a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, con la propuesta de reactivar el aparato productivo mediante una expansión del financiamiento hacia la vivienda, el sector empresarial y el campo.
El punto de partida es exigente. La tasa de interés de política monetaria en Colombia se ubica en 12%, tras el incremento de 75 puntos básicos que aprobó la Junta Directiva del Banco de la República.
En el ecosistema fintech consideran que el Gobierno necesita una transformación integral del sistema crediticio y que la tecnología debe convertirse en el eje estructural de esa transformación.
Las cifras muestran la dinámica actual: en el primer semestre del año, en promedio el 3,3% de las nuevas aperturas de crédito correspondió a personas sin experiencia crediticia previa, según el índice de “creditización”. Cerca de 118.000 colombianos acceden por primera vez al crédito cada mes, impulsados por soluciones digitales como el “compra ahora y paga después” y los créditos de consumo de bajo monto.
Esos avances, sin embargo, conviven con una brecha amplia: solo el 35% de la población adulta del país tiene acceso a crédito formal, según una encuesta de Anif y Colombia Fintech.
Desde los sectores bancario y tecnológico financiero, el desafío se divide en dos frentes. El primero es escalar la originación de crédito sin sacrificar los estándares de evaluación y gestión de riesgo. El segundo, consolidar alianzas con empresas que desarrollen tecnologías capaces de prevenir el fraude, proteger los datos y sostener el sistema incluso en escenarios de estrés económico.
El papel del Estado
Para la industria, la responsabilidad del salto tecnológico no recae únicamente en las fintech ni en las entidades financieras. Si el Gobierno busca que la tecnología financiera impulse la reactivación, la innovación no puede operar sobre una infraestructura pública analógica.
Los compromisos que promueve el sector para el Estado son concretos: garantizar la interoperabilidad en tiempo real de las bases de datos públicas —registros tributarios, de propiedad y de identidad—, acelerar la ejecución reglamentaria del Openfinance sin sesgos y modernizar el esquema de garantías digitales. Sin un ecosistema de datos abierto e integrado, explican, los motores de decisión seguirán enfrentando fricciones burocráticas al evaluar el riesgo de los ciudadanos.
De acuerdo con el análisis del sector, el crédito es un catalizador de movilidad social y crecimiento productivo. Si la nueva administración logra dinamizar el mercado y avanzar en la inclusión financiera, Colombia no solo ampliaría el acceso al financiamiento, sino que fortalecería su crecimiento económico.