Los ministerios del Interior y de Ambiente presentaron esta semana un borrador de decreto de 10 páginas para que la licencia ambiental pueda evaluarse en paralelo a la consulta previa con comunidades étnicas, en proyectos de infraestructura y energía. El documento modificaría el Decreto 1076 de 2015, donde se reúne buena parte de las reglas ambientales del país. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, citó como beneficiados a Sirius, el mayor hallazgo de gas de Colombia, y a la línea de transmisión Colectora, en La Guajira.
Hoy, cuando un proyecto atraviesa territorios de comunidades étnicas, la autoridad ambiental no puede avanzar en el estudio de su licencia hasta que la consulta correspondiente se defina o concluya. Ese es el punto que el Gobierno quiere cambiar: que la evaluación y el diálogo con las comunidades corran al mismo tiempo, y no uno detrás del otro.
Qué cambiaría el borrador
El primer ajuste elimina un requisito que, en teoría, ya no se aplicaba: el certificado sobre la presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) dejó de expedirlo en 2019; su función actual es determinar si la consulta procede.
Con el borrador, la ANLA o la Corporación Autónoma Regional (CAR) podría iniciar el trámite de la licencia, visitar el área, pedir información adicional y solicitar conceptos a otras entidades, aunque la consulta esté pendiente o en curso.
El texto también pone un límite: ninguna autoridad podría otorgar o negar la licencia hasta que la DANCP defina si procede la consulta y, si es el caso, declare agotado el proceso. Si la evaluación termina antes, el plazo para decidir quedaría suspendido. Es decir, la consulta dejaría de frenar el estudio de la licencia, pero seguiría siendo una condición para la decisión final.
Además, los acuerdos de la consulta sobre prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos ambientales —que sean competencia de la autoridad ambiental— quedarían incluidos en la resolución que otorgue la licencia, sin que esta pueda modificarlos, sustituirlos o reinterpretarlos. Tras cerrar la consulta, la autoridad tendría diez días hábiles para ajustar su informe técnico con los aspectos ambientales que hayan surgido en el diálogo.
Las mismas reglas aplicarían a modificaciones de licencias ya otorgadas y a trámites especiales. Los procesos suspendidos por la consulta se reanudarían de oficio, por iniciativa de la propia autoridad, sin perder lo avanzado. Según el Ministerio de Ambiente, el decreto no requeriría una consulta previa propia porque solo articula dos trámites y no afecta los derechos vigentes de las comunidades.
El argumento del Gobierno
Para el Ejecutivo, el problema es el tiempo. El propio Lara, a finales de agosto, había afirmado que “la consulta previa no puede ser un riesgo para la inversión en infraestructura”, y a comienzos de septiembre el vocero del Gobierno, Miller Soto, planteó que licencia y consulta “puedan avanzar de forma paralela y autónoma”.
Tras la presentación del borrador, en su cuenta de X, Lara sostuvo que un proyecto ya no tiene que esperar años a que termine la consulta para empezar a tramitar su licencia, y puede avanzar en paralelo “sin rebajar la calidad técnica de los estudios”. “La consulta previa se respeta”, añadió.
La discusión también se apoya en cifras. Según el senador Juan Espinal, del Centro Democrático y autor de un proyecto de ley aparte sobre el mismo tema, entre 2011 y 2026 se iniciaron 12.588 procesos de consulta previa en el país y 5.817 siguen activos, sin concluirse.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, coincidió con ese diagnóstico: sin términos definidos ni gestión eficiente, la consulta “se volvió un proceso interminable que frena proyectos estratégicos”. Para la dirigente, el plan introduce “orden, plazos definidos y gerenciamiento”.
Las advertencias sobre el plan
Del otro lado están quienes ven la consulta como un derecho y no como una изtrucción. Julián Trujillo Guerrero, director de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, dijo que hay un error en verla como un simple trámite: para él es un diálogo para conciliar dos ideas distintas de desarrollo.
María Camila Aponte, consultora de Holland & Knight, sostiene que “no debe verse la consulta como un trámite previo al licenciamiento, sino previo a la ejecución del proyecto obra o actividad”. Recordó que durante el boom de las vías 4G la consulta se hacía en paralelo, pero debía terminarse antes de otorgar la licencia. Además, advirtió que avanzar en paralelo puede dificultar el entendimiento de los impactos, porque la matriz de impacto de la consulta suele alimentar el estudio de impacto ambiental, un paso clave para pedir la licencia.
Esas críticas corresponden a la propuesta anunciada en septiembre, antes de que se conociera el borrador. En ese momento, cuatro fuentes coincidieron en que la Corte Constitucional podría tumbar la medida si no pasara por una consulta previa con las comunidades étnicas.
Sirius y sus más de 1.500 reuniones
Sirius es un proyecto de gas costa afuera, en el Caribe colombiano, que desarrollan Petrobras y Ecopetrol, y aumentaría las reservas del país en un 200 %. Su relevancia también tiene que ver con la penuria: Colombia compra gas desde 2016 para respaldar las plantas térmicas y, desde diciembre de 2024, también para atender la demanda. En la primera semana de junio, las importaciones llegaron al 32 % del consumo nacional, el nivel más alto registrado, y el presidente de la ACP, Frank Pearl, advirtió en agosto que el país tendrá déficit durante los próximos cuatro años.
El gas de Sirius no será inmediato. Según Petrobras y Ecopetrol, la decisión final de inversión se tomaría a finales de 2027 y solo entonces arrancarían la construcción, la perforación de pozos y la instalación de tubería. El gas llegaría al mercado en 2030, con una producción de 470 millones de pies cúbicos diarios durante diez años, tras los cuales empezaría a declinar.
La consulta previa es la clave del calendario: el gas debe viajar por un gasoducto hasta la infraestructura en tierra, lo que exige alrededor de 120 consultas previas y más de 1.500 reuniones con las comunidades, según explicó en abril el presidente de Petrobras Colombia, Alcindo Moritz. El presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, dijo entonces que se llevaba más del 90 % de avance en la ruta crítica y en el protocolo con la dirección de consulta previa.
El proyecto ya tiene un capítulo judicial: en octubre de 2024, cuando el hallazgo aún se conocía como Uchuva, un juez ordenó suspender las labores del pozo al considerar que no se había respetado el derecho a la consulta previa de la Comunidad Indígena Tayrona. El Ministerio de Minas impugnó la decisión, con el argumento de que la ubicación de las labores no llega a afectar a esa comunidad. Entre los compromisos aceptados estuvo el cambio de nombre del pozo, porque para la comunidad “Uchuva” era una apropiación cultural.
Con el borrador en ciernes, la idea del Gobierno es que Sirius pueda adelantar su licencia ambiental mientras se cierran esas consultas. Las empresas tenían previsto cerrarlas a finales de este año y radicar la licencia ambiental a comienzos de 2027.
Colectora, bajo consulta en La Guajira
Colectora es una línea de transmisión que llevará al sistema nacional la energía de siete parques eólicos de La Guajira, unos 1.050 megavatios. La construye Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, y las consultas previas han sido uno de sus mayores obstáculos.
El diálogo con las comunidades enredó el proyecto desde 2023: el trabajo requería más de 220 consultas previas. La cifra pasó de 235 a más de 250 con corte a agosto de 2026, y a eso se sumó casi un año solo para certificar a las comunidades participantes: fueron unas 260, la mayoría del pueblo wayuu, además de comunidades yukpa, pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos consejos comunitarios.
Enlaza tenía previsto poner la línea en operación en agosto de 2026 y ahora habla del segundo trimestre de 2027. Según su gerente general, Fredy Zuleta, durante la construcción aparecieron entre 17 y 18 comunidades adicionales que debían ser consultadas, así como problemas de seguridad en el territorio.
La obra, de unos 475 kilómetros y 516 torres de 500 kilovoltios, va en cerca del 80 %. El tramo sur, entre Cuestecitas y La Loma, está terminado y en las últimas pruebas eléctricas; en el norte, 425 tienen avance constructivo y hay 56 kilómetros de línea tendidos. Mientras tanto, varios parques eólicos y solares de La Guajira siguen en etapas tempranas de financiación o construcción, y algunos no entrarían en operación antes de 2028.
Por ahora la propuesta del Gobierno es solo un texto publicado para comentarios; falta ver si llega a convertirse en decreto. Mientras tanto, los dos proyectos siguen su propio calendario: Petrobras y Ecopetrol esperan cerrar las consultas de Sirius a finales de este año y radicar su licencia a comienzos de 2027, con gas para 2030; Enlaza busca poner Colectora en operación en el segundo trimestre de 2027.