La política de vivienda en Colombia volvió al centro del debate económico durante el Congreso Colombiano de la Construcción. Congresistas, representantes del Gobierno, banqueros y empresarios coincidieron en que el sector necesita una estrategia de largo plazo para ampliar la oferta, facilitar el acceso al crédito y reducir su dependencia de los subsidios que define cada administración.
Entre las propuestas aparecen garantías públicas para compartir el riesgo de los préstamos, incentivos al ahorro para la cuota inicial, subsidios a las tasas de interés, mayores plazos de financiación y una coordinación más estrecha entre la Nación, las alcaldías y las gobernaciones.
Una política habitacional con continuidad
El senador Andrés Forero cuestionó que los recursos presupuestados para vivienda pasarían de $1,7 billones en 2026 a $700.000 millones en 2027. Por ello, pidió recuperar programas como Mi Casa Ya y convertir la política habitacional en una política de Estado con objetivos que se mantengan entre gobiernos.
El representante Mauricio Toro defendió un ajuste fiscal gradual para evitar impactos sobre la economía y los subsidios. Samir Radi propuso orientar el presupuesto hacia proyectos que generen empleo y retornos económicos, además de impulsar una iniciativa para dar continuidad a los programas de vivienda.
Entre las propuestas mencionadas está crear Mi Casa Ya–Germán Vargas Lleras como programa permanente y establecer un Sistema Nacional de Transformación Territorial. Este sistema coordinaría al Gobierno con departamentos y municipios, garantizaría recursos plurianuales, priorizaría obras en ejecución y fortalecería la planeación y la evaluación de resultados.
Tasas, ahorro y acceso al crédito
Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, propuso utilizar subsidios a las tasas de interés como alternativa para impulsar la compra de vivienda con un menor costo para el Gobierno frente a algunos subsidios directos. Según su planteamiento, reducir las tasas hipotecarias del 15 % actual a 12 % u 11 % podría ayudar a recuperar el crecimiento del sector.
También planteó recuperar cerca de 60.000 subsidios gubernamentales que han existido en algunas ciudades. Juan Carlos Gómez, presidente de la Fundación Grupo Social, coincidió en la necesidad de focalizar los subsidios a las tasas, ampliar los plazos y reducir las cuotas mensuales.
Gómez advirtió que el crédito no resuelve por sí solo el problema de las familias que no tienen recursos para la cuota inicial. Por eso propuso recuperar los incentivos al ahorro mediante cuentas AFC y fondos de inversión colectiva, además de evaluar programas como Semillero de Propietarios.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, sostuvo que el ahorro y el crédito son los elementos que permiten completar el cierre financiero de una compra, junto con la cuota inicial y los subsidios cuando correspondan.
La brecha entre hogares y viviendas construidas
Según las cifras presentadas por Cortés, Colombia pasó de construir 230.000 viviendas a 112.000 por año, mientras cada año se forman alrededor de 280.000 hogares. La diferencia puede presionar los precios al alza si la oferta no crece al ritmo de la demanda.
El directivo consideró necesario elevar la construcción anual a un rango de entre 200.000 y 212.000 unidades. También señaló que la vivienda contribuye a formar comunidades, reducir brechas sociales y mejorar las oportunidades educativas.
Garantías públicas y mayor financiación
Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, sostuvo que la desaceleración no obedece únicamente a las condiciones financieras. También influyen las dificultades para habilitar suelo y poner en marcha nuevos proyectos.
Mora propuso crear garantías públicas para compartir el riesgo de los créditos. Estas podrían mejorar las condiciones para constructores y ayudar a reactivar las iniciaciones de vivienda, aunque advirtió que no serían gratuitas: instrumentos como el Fondo Nacional de Garantías requieren patrimonio de respaldo y podrían necesitar una capitalización adicional.
Juan Carlos Gómez planteó evaluar créditos que financien más del 80 % del valor de una vivienda, con porcentajes del 90 % o el 100 %. Malagón pidió revisar el loan-to-value, indicador que mide cuánto del valor de un inmueble puede cubrirse con crédito, pero aclaró que no se trataría de aplicar un porcentaje alto de forma indiscriminada.
El papel de alcaldías, gobernaciones y fuentes alternativas
María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, afirmó que la reactivación no puede depender únicamente del Gobierno Nacional. A su juicio, las autoridades territoriales deben ayudar a habilitar suelo urbanizado, reducir trámites y coordinar los programas de subsidios, garantías y tasas.
Gutiérrez también planteó aprovechar el intercambio de datos para evaluar ingresos recurrentes de los hogares, incluidas las remesas recibidas por familias de colombianos en el exterior. En 2025, Colombia recibió US$13.098 millones en remesas, frente a US$11.843 millones en 2024, según las cifras citadas durante el evento.
Gobierno anuncia programas y recursos para vivienda
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, describió un escenario marcado por la caída de las ventas, la incertidumbre jurídica, las dificultades de ejecución presupuestal y las restricciones fiscales. El Gobierno espera construir 20.000 viviendas nuevas en zonas afectadas para 2029 y contempla subsidios de hasta 90 salarios mínimos para vivienda nueva y de 18 salarios mínimos para mejoramientos.
El funcionario señaló que también se requieren reglas estables, trámites más sencillos, suelo urbanizable y actualización de los planes de ordenamiento territorial. Entre los programas mencionados están Mi Casa Milagro, Mejora tu casa, mejora tu vida, Colombia país de propietarios, Mi Casa Rural y Bienestar Territorial.
Como fuentes complementarias de financiación se mencionaron $1,5 billones de las cajas de compensación, cerca de $11 billones anuales de regalías y hasta $10 billones mediante obras por impuestos.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, sostuvo que la reconstrucción de las zonas afectadas y la reactivación de la construcción pueden avanzar al mismo tiempo. El gremio pidió mantener la vivienda como prioridad económica y social, ampliar la oferta, promover el ahorro, fortalecer el arrendamiento y agilizar los trámites.
Durante el evento, Camacol entregó al vicepresidente Restrepo un cheque simbólico por $300.000 millones, correspondientes a recursos destinados por empresas del sector a la emergencia y la reconstrucción. El reto será convertir las propuestas en medidas concretas dentro de un escenario de restricciones fiscales.