Una comunidad indígena de Perú planteó una salida poco convencional al conflicto que enfrenta a los mineros artesanales con una de las mayores mineras de cobre del país: comprarle a MMG Ltd. los derechos sobre la zona en disputa y convertir a miles de trabajadores informales en proveedores oficiales de la empresa.
La comunidad de Pamputa se ofreció a adquirir los derechos mineros de un área de Las Bambas ocupada por unos 3.000 mineros artesanales y trabajadores relacionados. Según la propuesta, recogida en un documento enviado a MMG el mes pasado, la comunidad se comprometería a formalizar sus operaciones y la empresa aceptaría comprar su producción.
Representantes de la comunidad y de la compañía tienen previsto reunirse este viernes en Cuzco, en el marco de conversaciones facilitadas por el gobierno para alcanzar acuerdos. MMG no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Un conflicto que bloquea un tercer yacimiento
En Perú, tercer productor mundial de cobre, la propiedad de la tierra está legalmente separada del derecho a extraer los minerales del subsuelo. En Las Bambas, Pamputa es dueña del terreno, donde sus residentes se han dedicado durante generaciones a la agricultura y la ganadería, mientras que MMG posee la concesión otorgada por el Estado. La disputa por el acceso a esas tierras ha complicado los planes de la empresa.
Los mineros artesanales que operan en las concesiones de Las Bambas amenazan con paralizar el desarrollo de un tercer yacimiento, y MMG ha presentado numerosas denuncias por minería ilegal mientras intenta acceder a la zona. La cantera donde trabajan, conocida como Apu Chunta, envía su mineral en camión más de 400 millas hasta plantas de procesamiento; el concentrado se vende a comerciantes como Trafigura Group, IXM SA y Glencore, según el documento de la comunidad.
MMG estima que los artesanales han extraído cerca de 90.000 toneladas métricas de cobre contenido del yacimiento.
Las Bambas, una inversión clave
Las Bambas representa casi el 2% del cobre extraído en el mundo, tuvo un costo de construcción de US$10.000 millones y es la mayor inversión individual en la historia de Perú. MMG, filial de la china China Minmetals Corp., compró el proyecto a Glencore Plc en 2014 y la producción comenzó en 2016.
El conflicto ocurre cuando la industria minera mundial busca responder al crecimiento de la demanda de cobre impulsada por los centros de datos y la expansión de la red eléctrica. Los altos precios y una regulación relativamente laxa han atraído en los últimos años a cientos de miles de mineros informales a Perú, lo que ha avivado las disputas por los derechos mineros y también ha afectado proyectos de otras empresas como Southern Copper Corp.
Los mineros informales pueden operar a través de un controvertido registro llamado Reinfo, creado hace unos diez años como mecanismo temporal y prorrogado en repetidas ocasiones, que según líderes del sector se ha usado para encubrir actividades ilegales. El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori pretende dejar que el Reinfo expire a finales de 2026 y reemplazarlo por un sistema que dé a los mineros registrados un plazo de dos años para regularizarse.