Cinco años después de anunciar su proyecto para convertir a El Salvador en una referencia mundial del bitcoin, el Gobierno de Nayib Bukele enfrenta una adopción cotidiana muy inferior a la esperada. La criptomoneda dejó de ser de aceptación obligatoria, los bonos destinados a financiar la iniciativa no se han emitido y la construcción de Bitcoin City no avanzó.
El país conserva una reserva de bitcoin, mantiene un marco legal para los activos digitales y prepara una nueva etapa para su billetera estatal. Sin embargo, el uso de la criptomoneda se mantiene reducido y se concentra principalmente en zonas como Bitcoin Beach, alrededor de El Zonte.
Una adopción por debajo de las expectativas
Bukele anunció la iniciativa en marzo de 2021 y la Asamblea Legislativa aprobó la ley en junio de ese año. El Gobierno sostuvo que el bitcoin ayudaría a reducir los costos de las remesas, ampliar la inclusión financiera y atraer inversión extranjera.
Para impulsar el uso de la criptomoneda, las autoridades crearon un fideicomiso de US$150 millones, entregaron US$30 a cada ciudadano que descargara Chivo Wallet y destinaron otros US$50 millones a cajeros automáticos y logística. Una encuesta realizada nueve meses después encontró que el 71% de los consultados consideraba que el proyecto no beneficiaba la economía de sus hogares.
Otros estudios señalaron que muchas personas dejaron de utilizar Chivo Wallet después de gastar el incentivo inicial. En 2022, solo una quinta parte de las empresas aceptaba bitcoin y apenas el 5% de los pagos de impuestos se realizaba con este activo.
La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública publicada en enero de 2025 mostró que el 91,8% de los salvadoreños no había utilizado bitcoin durante el año anterior. Entre quienes no lo usaron, el 76,2% afirmó que nunca había empleado la criptomoneda.
Remesas e inversión pública
Las remesas equivalieron al 26,3% del PIB salvadoreño en 2025. Aunque el dinero recibido mediante billeteras de criptomonedas aumentó 44,3% entre enero y abril de 2026, sumó US$23,1 millones, apenas el 0,7% de los US$3.286 millones recibidos por el país en ese periodo.
El Gobierno continuó comprando bitcoin con recursos públicos pese a la volatilidad del mercado. La criptomoneda perdió más del 60% de su valor en 2022. Según la Oficina Nacional de Bitcoin, el país acumulaba 7.798,37 unidades, valoradas en aproximadamente US$636 millones al momento del reportaje. Esa cifra cambia según la cotización del activo.
El proyecto también contemplaba los llamados bonos volcán. La mitad de los recursos se destinaría a comprar más bitcoin y la otra mitad a construir Bitcoin City cerca del volcán de Conchagua, con energía geotérmica para las instalaciones de minería. Hasta la fecha descrita en el reportaje, los bonos no se habían emitido y las obras no habían comenzado.
La experiencia salvadoreña deja una diferencia entre la visibilidad internacional de la iniciativa y su impacto práctico. El futuro de la estrategia dependerá de las condiciones del acuerdo con el FMI, las necesidades de financiación del país y la decisión de ciudadanos y empresas de utilizar o no la criptomoneda.