Najmeh Amini, una estudiante de contabilidad de 23 años, fue condenada a muerte en Irán por publicaciones en redes sociales que las autoridades consideraron blasfemas. Además, recibió una pena superior a 12 años de prisión por cargos relacionados con la seguridad nacional y la difusión de propaganda contra el régimen.
Amini permanece detenida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad de Mashhad. Según una fuente cercana a su familia, citada en la información sobre el caso, la pena capital fue impuesta por el delito de sab ol-nabi, relacionado con insultos al profeta.
La joven habría sido localizada por la Policía Cibernética iraní, conocida como FATA, a partir de su actividad en internet. El contenido exacto de las publicaciones que originaron la investigación no ha sido divulgado.
Una condena en dos procesos judiciales
En un proceso separado, un tribunal la sentenció a 12 años, seis meses y un día de prisión por delitos vinculados con amenazas a la seguridad nacional y propaganda contra el régimen. Amini fue detenida durante las protestas masivas de enero, en las que miles de personas reclamaron mayores libertades y cuestionaron las restricciones impuestas a las mujeres.
La defensa sostuvo que las expresiones fueron producto de un error involuntario, después de que la joven experimentara alucinaciones tras consumir hongos alucinógenos con unos amigos. El juez rechazó ese argumento durante el proceso.
En un mensaje dirigido a la comunidad internacional, Amini pidió a las Naciones Unidas investigar su caso. “Solo quiero una cosa: ser mi propia voz”, afirmó, según la información difundida sobre su situación.
El Código Penal Islámico iraní contempla la pena de muerte para quienes insulten al profeta Mahoma o a figuras sagradas del chiismo. También establece excepciones para algunos casos, como expresiones realizadas sin intención de ofender, que pueden recibir castigos distintos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que las autoridades iraníes utilizan cada vez más la pena capital para intimidar a la población y silenciar las críticas. Iran Human Rights, una organización con sede en Oslo, reportó más de 600 ejecuciones en Irán durante el año.