El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció al cargo este jueves, en mitad de una crisis bancaria que mantiene congelados los depósitos de casi tres millones de ahorristas y de un juicio político que el Congreso ya tenía en la mesa. La presidencia queda en manos del vicepresidente Pedro Alliana.
Peña anunció su decisión en un video publicado en su cuenta de X, en el que también pidió disculpas al país. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República", dijo, antes de afirmar que su prioridad era "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".
La origen del crisis
La tormenta estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo intervino al Ueno Bank, uno de los principales bancos del país, por insuficiencia de capital. La medida dejó a casi tres millones de personas sin acceso a sus depósitos y desató la indignación política apenas en horas.
La oposición acusó al presidente, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, de estar detrás del trato favorable. Sostiene que sus acciones en el grupo controlador del banco —de las que se desligó en 2025— solo son un antecedente probado de conflicto de intereses, y que favoreció a la entidad con decisiones reguladoras y depósitos previsionales.
El miércoles, un grupo de diputados opositores logró completar las firmas para presentar la acusación a Peña. En la Cámara de Diputados la discusión giró en la tarde del mismo día de la renuncia, con reclamos por el destino de los fondos. "No basta con el juicio político, no es suficiente, queremos saber dónde está la plata, que se devuelva la plata de los ahorristas, de miles de paraguayos sacrificados", dijo el diputado Pastor Vera Bejarano.
"Ante las imputaciones no puedo fingir demencia, tenemos más de tres millones de paraguayos damnificados, que se sienten defraudados, estafados, engañados", añadió el diputado colorado Alejandro Aguilera.
Pese a los primeros intentos del Gobierno por dar una salida, incluida la renuncia del jefe del banco central y una ley que fijaba un tope de cinco días hábiles para devolver la mayor parte de los fondos a los depositantes, la crisis no se detuvo. Después salió el propio Peña del cargo, y tanto el ritmo de las devoluciones como el futuro político del país quedaron en manos del vicepresidente Alliana.