El presidente Donald Trump dejó este viernes en suspenso la transmisión en directo del fusilamiento de Nidal Hasan, condenado por una masacre en una base militar de Estados Unidos, cuyo anuncio por parte del Pentágono había causado indignación y un rechazo cruzado de legisladores de ambos partidos.
La ejecución de Hasan, un ex psiquiatra militar de 56 años de origen palestino, está prevista para el 3 de diciembre en Texas. Fue condenado por el ataque que perpetró en 2009 en la base Fort Hood, inspirado en Al Qaeda, en el que mató a 13 personas, entre ellas 12 soldados. Herido en la columna vertebral durante el incidente, se desplaza en silla de ruedas.
"Están tomando una determinación al respecto, pero será ejecutado", respondió Trump en la Casa Blanca cuando le preguntaron por la retransmisión pública. Y agregó: "Realmente no me importa cómo se muera, siempre y cuando muera".
Un anuncio del Pentágono que se fue de las manos
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había asegurado que se garantizaría que la gente "pudiera verla, que fuera pública", y un alto cargo del Pentágono confirmó a la AFP el jueves que la ejecución se retransmitiría en directo. Pero la idea encontró resistencia desde adentro del propio gobierno: el vicepresidente JD Vance se había distanciado del plan y, cuando le preguntaron, fue directo.
"Veo esos anuncios. No sé si eso va a ocurrir", declaró Vance durante un viaje a Ohio. "Si se transmite en directo, no lo veré", añadió.
La ejecución, validada el lunes por Trump, será la primera que realizan las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de homicidio, y la primera por pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 135 soldados han sido ejecutados por el ejército estadounidense desde 1916.
Rechazo de la ONU, de las ONG y del Congreso
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció este viernes la difusión en directo como una forma de "tortura". Desde Amnistía Internacional, Kyinzom Dhongdue calificó las declaraciones de Hegseth de "profundamente impactantes" y "un terrible menosprecio por la dignidad humana", mientras Justin Mazzola, responsable de la sección estadounidense de la ONG, advirtió que convertir una ejecución en un espectáculo público agrava "la crueldad de la pena de muerte".
En el Congreso, el repudio cruzó las bancadas. El senador republicano John Curtis sostuvo que "una civilización se degrada cuando alimenta el apetito por las ejecuciones como forma de espectáculo". Su copartidario, el diputado Austin Scott, fue tajante: "Respaldo totalmente la condena a muerte, pero difundir ejecuciones en directo es lo que hacen los yihadistas".
Del lado demócrata, Jack Reed, principal miembro del partido en la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado, escribió en X que la transmisión "es un regalo para quienes reclutan terroristas antiestadounidenses" y "atenta contra los valores fundamentales" del país. Chris Murphy, también senador demócrata, calificó el plan de "repugnante" y recordó a CNN que "las ejecuciones públicas son medievales". El arzobispo Paul Coakley, presidente de la conferencia episcopal estadounidense, condenó además la "promoción bárbara de una cultura de la muerte".