La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que crea un impuesto al consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos en Colombia, con 79 votos a favor y uno en contra. La iniciativa busca extender a estos dispositivos las normas tributarias que actualmente se aplican a los cigarrillos y productos de tabaco.
La tarifa avalada es de $7.800 por el componente específico, más un 20 % adicional. Ese valor corresponde a un punto intermedio entre la propuesta del Gobierno —$11.200— y la que inicialmente plantearon las comisiones, por lo que el monto del gravamen concentró buena parte de la discusión.
El ponente Juan Fernando Caicedo defendió el monto acordado: «Buscamos el equilibrio exacto para recaudar y desincentivar sin disparar el mercado ilegal», argumentó al justificar la cifra aprobada por los congresistas. Según su lectura, una tarifa demasiado elevada podría favorecer el comercio ilegal.
La senadora Jennifer Pedraza, en cambio, cuestionó avalar una tarifa inferior a la del Ejecutivo: «No tiene sentido aprobar una tarifa menor a la del Gobierno si en un mes estaremos dando la misma discusión en la tributaria», manifestó.
El senador Héctor Olimpo Espinosa destacó otro frente de la iniciativa: el gravamen permitirá llevar ingresos adicionales al sistema de salud de las regiones, uno de los aspectos resaltados durante el debate legislativo.
La medida también levantó inquietudes. El senador David Barguil expresó dudas sobre el impacto del cobro en las rentas departamentales y advirtió el riesgo de fortalecer al crimen organizado. Las bancadas de Cambio Radical y En Marcha pidieron reforzar los controles aduaneros y la vigilancia en las fronteras.
¿Cuándo empezaría a cobrarse?
La aprobación en el Senado no implica un cobro inmediato. Según el texto avalado, el gravamen entrará en vigencia seis meses después de la sanción presidencial, por lo que todavía se requiere la firma del presidente de la República para que la iniciativa se convierta en ley.
Con este cambio, Colombia actualizaría las reglas del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco ampliando su alcance a los dispositivos electrónicos, mientras se completa el trámite pendiente para su aplicación.