La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia positiva del proyecto de ley anticapuchos, con 21 votos a favor y 4 en contra, en medio de un debate en el que fueron rechazadas cuatro proposiciones de archivo: tres radicadas por congresistas del Pacto Histórico y una por el Partido Verde. La iniciativa busca regular el uso de elementos para cubrir el rostro durante las jornadas de protesta y deberá superar otros siete debates para convertirse en ley.
La defensa del ponente
Durante la sesión, el ponente de la iniciativa, Jaime Arizabaleta, planteó que el proyecto podría llamarse "Ley Valentía", al sostener que las causas justas no requieren ocultar el rostro. El congresista recordó que en las marchas que organizó junto con el fallecido representante Miguel Uribe Turbay, en oposición a la administración de Petro, no se utilizaron capuchas.
Arizabaleta añadió que las organizaciones estudiantiles de las universidades no expresaron rechazo a la iniciativa y afirmó que las personas encapuchadas pertenecen a bloques urbanos de organizaciones guerrilleras. Según el ponente, el Eln publicó un pronunciamiento en contra del articulado del proyecto en su sitio web.
El rechazo de la oposición
La congresista Laura Beltrán, del Pacto Histórico, manifestó la postura de oposición de su colectividad y cuestionó que la ponencia inicial presentara fallas en la exposición técnica. La legisladora afirmó que su bancada no respaldará iniciativas que, bajo el argumento de garantizar la seguridad ciudadana, menoscaben las libertades individuales o los derechos humanos.
En el mismo sentido, el representante Óscar Benavidez declinó apoyar el proyecto. "No apoyaré este proyecto porque criminaliza el ejercicio de los derechos que durante años las comunidades han luchado por conquistar y garantizar", sostuvo, y señaló que la protesta libre es uno de los mecanismos de los colombianos para exigirle al Estado que escuche sus demandas.
El congresista Miguel Pinto analizó el concepto del cubrimiento facial en el contexto nacional y recordó el antecedente de los "jueces sin rostro", en el que la reserva de la identidad buscaba proteger vidas humanas. Pinto planteó que cubrirse el rostro no constituye por sí mismo una acción violenta, aunque precisó que los problemas de orden público surgen cuando coincide con acciones violentas; a partir de esa consideración sustentó el votante rechazo del archivo.