Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el balance del proceso tiene dos caras. La dejación de armas, el capítulo que desarmó a la guerrilla más antigua del continente, es reconocido como uno de los mayores aciertos de la historia del conflicto en Colombia. La seguridad de los excombatientes, en cambio, se ha convertido en su mayor deudas: la Misión de Verificación de la ONU ha documentado 501 asesinatos de firmantes desde que se firmó el acuerdo.
El país tiene grabada la escena del expresidente Juan Manuel Santos junto al último comandante máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, firmando con un lapicero en forma de bala. Pero el desarme fue mucho más que un gesto: fue el resultado de meses de negociación clandestina, sostenida en La Habana entre junio de 2014 y agosto de 2016, en la que la regla era directa — sin armas no habría paz.
Enemigos históricos, sentados en la misma mesa
Uno de los inventos que hizo posible el desarme fue una subcomisión quedio en manos de dos mundos que parecían imposibles de reconciliar: 13 oficiales en servicio activo de la fuerza pública y miembros del ala más guerrerista de las antigua guerrilla. Allí se discutió el cese al fuego bilateral y definitivo, y se definió un símbolo con peso político: no se hablaría de entrega, sino de dejación de armas.
El expresidente Santos reveló en julio de 2015, por televisión nacional, los detalles de una negociación que hasta ese momento era secreta y que, según dijo, era el proceso de paz que más lejos había llegado en la historia del conflicto. El 23 de junio de 2016 se firmó en La Habana el cese al fuego bilateral y definitivo. Ese día, Santos pronunció una frase que resumía las cinco décadas de guerra que se dejaban atrás: “Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las Farc”. Y Londoño replicó: “Que este sea el último día de la guerra”.
Para el excomandante de las Farc Pastor Alape, la decisión de dejar las armas fue “la decisión política más trascendental de la organización. Logramos, por fin, un consenso”.
La ruta del desarme: 20 zonas veredales y un arsenal destruido
El cronograma era preciso. Las Farc comenzaron a dejar las armas a más tardar 60 días después de la firma del acuerdo, con un plazo máximo de 180 días. Se pactaron 20 zonas veredales y siete campamentos para concentrar a más de 7.200 guerrilleros, rebautizados como Zonas Veredales Transitorias de Normalización. La ONU recibió la totalidad de las armas guardadas en contenedores y registró cada una antes de destruirla.
El invento fue contundente: en total se destruyeron 8.994 armas individuales, cerca de 11.000 granadas, 38 toneladas de explosivos, más de 3.000 minas antipersonal y casi 2 millones de municiones. El 22 de septiembre de 2017 la Misión de las Naciones Unidas en Colombia confirmó el fin del proceso. Una parte de las armas destruidas se destinó a la construcción de tres monumentos como símbolo del adiós a la guerra.
Para Santos, ese fue el día decisivo: “Hoy es el día en que las armas se cambiaron por las palabras. Nuestra paz es real e irreversible”, dijo entonces.
Las disidencias y un Estado que llegó tarde a los territorios
El proceso no fue limpio del todo. La primera disidencia de las Farc nació antes de la firma: el 6 de julio de 2016, alias “Iván Mordisco” anunció su alejamiento de las negociaciones de La Habana junto con un grupo de combatientes que rechazaban la dejación de armas. En agosto de 2019 se confirmó, por medio de un video, que otra facción de excombatientes —entre ellos alias “El Paisa”— se había rearmando al mando de alias “Iván Márquez”, la llamada Segunda Marquetalia.
Hoy, las disidencias de las Farc suman en conjunto más de 10.000 integrantes y son estructuras robustas en capacidad militar y control territorial. La Misión de Verificación de la ONU explica que, en parte, este vacío se le achaca al Estado: la retirada del grupo de los territorios históricamente controlados no vino acompañada de un despliegue suficiente de instituciones, garantías de seguridad y servicios públicos. Ese vacío permitió que grupos armados existentes e incipientes ampliaran su presencia y capacidades.
Para Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ese es el gran problema detrás del aniversario: “Se avanzó más rápido en el desarme que en la construcción de las condiciones territoriales necesarias para que fuera sostenible. Que 10 años después una persona pueda ser asesinada por haber dejado las armas es una de las principales fallas del proceso”.
Kyle Johnson, investigador y cofundador de la Fundación Conflict Responses (Core), coincide en que el dairio del proceso fue la seguridad de los excombatientes. Su diagnóstico señala dos frentes: muchos firmantes se desplazaron de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) por amenazas, y el esquema de protección perdió efectividad al dispersarse la población en distintas regiones. Pero además advierte sobre las disidencias: para quienes rechazaron el acuerdo, señala, hacían falta políticas complementarias de contención militar y política que no se implementaron o que resultaron ineficaces.
Las cifras confirmarán su diagnóstico. La ONU ya ha verificado, desde la firma, 501 asesinatos (12 mujeres, 66 indígenas y 59 afrocolombianos), 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. Solo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026 se verificaron 8 nuevos casos, con lo que en total van 13 en 2026. En 2025 hubo 45 homicidios, 10 tentativas y 13 desapariciones de firmantes — el año con más desapariciones registradas desde la firma del acuerdo. En la región del Catatumbo, la crisis de seguridad de 2025 dejó seis asesinatos, seis desapariciones forzadas, 218 personas desplazadas y 183 confinadas.
Una reincorporación con luces y un presupuesto en retreated
Más de 11.000 excombatientes continúan en su tránsito hacia la vida civil. El último informe del Instituto Kroc, que hace seguimiento a la implementación del acuerdo, señala que con corte a noviembre de 2025 el 51 % de las disposiciones del punto 3 (cese al fuego, rehostamiento y reincorporación) había sido completado, el 19 % se encontraba en estado intermedio, el 21 % en mínimo y el 8 % no había iniciado su implementación. La misma entidad subraya progresos en acceso a tierras, vivienda, sostenibilidad de proyectos productivos y enfoques de género y discapacidad, aunque menciona que persisten retos en seguridad.
El panorama instergna además con un recorte presupuestal a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que quedó operando con COP 341.023 millones tras perder COP 18.599 millones, un 5,2 % menos, anunció reciente de Abelardo de la Espriella. El partido Comunes ha expresado preocupación porque esa reducción, que se suma a un presunto déficit de fondos que afecta las operaciones de la ARN, puede golpear la infraestructura que sostiene la reincorporación. La propia ONU recomienda fortalecer la estructura institucional, ampliar oportunidades de subsistencia sostenibles y mejorar la seguridad para que el proceso sea sostenible en el largo plazo.
Aun con las amenazas, los investigadores ven una señal de continuidad. “Una explicación es la voluntad férrea de los firmantes de cumplir con el acuerdo y dejar las armas. Otra es el conocimiento de la guerra: saben que regresar no es un camino”, explica González, de Indepaz, sobre la persistencia de los firmantes. Johnson, por su parte, pone el dedo en la llaga sobre la deuda del Estado: “El gran niedio del proceso ha sido la falta de garantías efectivas para la seguridad de los excombatientes. El Estado no logró consolidar un esquema de protección eficaz”.
Década cumplida, los excombatientes que le apostaron a la vida civil siguen sosteniendo sus procesos de reincorporación en un país donde el conflicto no terminó, y su esperanza es que el punto 3 del Acuerdo —del que fue sucedido el cese al fuego y la desmovilización— no se quede en la firma de un papel.