El Ministerio de Educación solicitó derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, con la que se adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el periodo 2026-2035.
La cartera, liderada por Ilva Myriam Hoyos Castañeda, también propuso expedir una directiva presidencial para frenar nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales y pedagógicas sustentadas en esa norma mientras se revisa su contenido.
Los cuestionamientos del Ministerio
La solicitud fue fundamentada en cuestionamientos constitucionales y legales sobre el alcance de la resolución. Entre ellos aparecen la posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.
El Ministerio también puso en duda que un acto administrativo pueda establecer determinadas obligaciones de carácter curricular y pedagógico. En el documento señaló la necesidad de revisar si existe suficiente habilitación legal para imponer esas obligaciones.
La cartera cuestionó además que la política extienda sus compromisos hasta 2035 con base en instrumentos de planeación correspondientes al periodo 2022-2026. También advirtió posibles vacíos en la identificación de las fuentes de financiación, las apropiaciones presupuestales y las competencias de gasto necesarias para ejecutar las medidas.
El Ministerio recordó que la resolución ya está vigente y establece plazos de implementación para entidades territoriales e instituciones educativas.
La propuesta quedó a consideración del Gobierno e incluye la coordinación con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y los demás ministerios. Sin embargo, el documento no significa que la resolución haya sido derogada ni que exista una decisión definitiva en ese sentido.