Un juez de control de garantías de Antioquia pidió que se examine la conducta del presidente Abelardo de la Espriella por el trato que habría dado a tres personas capturadas, señaladas de pertenecer al Clan del Golfo. La decisión compulsa copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación.
En su providencia, el funcionario ordenó examinar “las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, y Henry Sneyder Herrón Serna (…) frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”.
Uñates López fue detenido el 14 de noviembre en zona rural de Briceño (Antioquia). Ese mismo día, en zona rural de Montería (Córdoba), fue capturado alias ‘Pata de Palo’, señalado como segundo jefe de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.
El careo que estuvo a punto de tumbar las capturas
De acuerdo con información de Caracol Radio, el juez estuvo a punto de declarar ilegales las capturas de ‘Primo Gay’ y de Herrón Serna por el careo que protagonizó el mandatario con los detenidos, difundido en video. Finalmente, las detenciones fueron declaradas legales y se esperan las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento.
Al detenido conocido como ‘Pata de Palo’, el presidente le respondió tras escuchar que “los presidentes no dan órdenes de captura”: “Un presidente no dicta órdenes de captura. Yo lo que dije es que había que capturarte porque tú eres un bandido, y aquí estás por eso”.
La Procuraduría, por su parte, deberá establecer la identidad y la participación de los funcionarios públicos que presuntamente ordenaron, autorizaron, organizaron o ejecutaron la exhibición de los capturados ante medios de comunicación en Montería.
El debate sobre los límites del mandatario
Los careos no son un hecho aislado. El mandatario ha pronunciado frases similares durante operativos en Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla, e incluso se ha trasladado a lugares de reclusión para dirigirse a los detenidos. Para el jurista Andrés Felipe Caballero, acompañar los operativos mantiene la moral de la Policía y del Ejército, aunque planteó la duda de si esos careos incumplen las convenciones internacionales sobre tratos crueles o degradantes.
La exministra de Justicia y exfiscal Ángela María Buitrago sostuvo que el rol de funcionario público agrava los pronunciamientos: “Él debe respetar los principios constitucionales que obligan a la dignidad humana, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso. No es lo mismo que el presidente de la República se pare a decir esto frente a un capturado, que pases por la calle y alguien te diga lo mismo”.
Sergio Salazar Cardona, docente universitario y exjuez de control de garantías de Cali, coincidió en que el error es que el presidente participe en esos procedimientos y se dirija a los capturados. Aunque es comandante en jefe de la fuerza pública, no ejerce funciones de policía judicial ni puede imputar delitos, tarea que corresponde a la Fiscalía, ni establecer responsabilidades, función de los jueces.