El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, advirtió que la crisis fiscal del país no puede llevar a paralizar la justicia y pidió recursos mínimos para todas las jurisdicciones, entre ellas la JEP, a la que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella le recortó 170.000 millones de pesos para el próximo año, un ajuste que el mandatario había anunciado desde su campaña.
El magistrado habló durante la conmemoración de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue tomado y luego recuperado por la fuerza. Para Lenis, esas jornadas ocupan “un lugar muy triste en la memoria de la justicia”, en un momento en el que la justicia “fue atacada, abandonada y silenciada”.
Memoria y verdad pendiente
Sobre lo ocurrido hace cuatro décadas, el presidente del alto tribunal señaló que el país ha avanzado en conocer parte de la verdad gracias a la Comisión de la Verdad y a procesos judiciales, pero admitió que aún faltan aspectos por esclarecer y que las víctimas siguen esperando respuestas. “La toma y la retoma fueron actos de violencia y ataques brutales”, dijo.
Añadió que la conmemoración no debe quedarse en el dolor: “La herida no nos debe impedir dar un paso adelante para tratar de construir un país distinto”. Y planteó la discusión de fondo: cómo convivir en la diferencia sin que los desacuerdos se resuelvan por la fuerza.
La defensa de la JEP y el recorte
Frente al recorte presupuestal, Lenis sostuvo que el debate no debería centrarse en si la jurisdicción transicional debe existir, sino en cómo terminar su mandato de la mejor manera. “Los jueces estamos obligados a respetar las instituciones. Por eso he defendido que es conveniente que la JEP concluya su periodo”, afirmó.
El magistrado reconoció que “muchas de las críticas que se le hacen a la JEP son válidas” y consideró que la propia jurisdicción debería escucharlas en el tiempo que le queda. Recordó que el Acuerdo Final de Paz quedó consagrado en la Constitución y que el objetivo es que las víctimas reciban verdad, reparación y no repetición.
Sobre la capacidad de operar con menos dinero, fue directo: “La crisis fiscal es real. El terremoto la agravó. Todas las entidades del Estado tienen que sufrir un recorte”. Aun así insistió en que “la justicia no se puede paralizar” y dijo que ha planteado el problema al Gobierno y al Congreso, donde asegura haber encontrado receptividad.
Garantías para los capturados
Consultado por el trato que el Gobierno da a las personas capturadas en operativos de seguridad, Lenis evitó emitir un juicio de valor sobre el presidente. Explicó que las políticas de seguridad son responsabilidad del Ejecutivo y que a la justicia le corresponde verificar que se ajusten a la Constitución y respeten los derechos y libertades de las personas.
“Todo ciudadano que afronte un proceso penal debe tener todas las garantías ciudadanas, como la presunción de inocencia, el debido proceso y el trato digno”, subrayó. Quien considere que esas garantías se transgreden, agregó, tiene las acciones judiciales para denunciarlo ante las autoridades.
Los casos que llegan al alto tribunal
Lenis se refirió también a las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro por la supuesta entrega de contratos a cambio de servicios sexuales. Explicó que la denuncia inicial está en la Sala Especial de Instrucción porque, al parecer, parte de los hechos ocurrieron cuando Petro era congresista; si se comprueba un tramo en el que ya era presidente, el asunto pasaría a la Comisión de Acusaciones.
En el caso de la Ungrd, recordó que los expresidentes del Congreso Andrés Calle e Iván Name están en juicio y que la Fiscalía aportó material importante. “En los casos de corrupción, cada vez existen formas más sofisticadas de esconderla”, dijo para explicar por qué estas investigaciones toman tiempo.
Sobre la indagación previa que abrió la Corte contra la exsenadora Sandra Ramírez por su supuesta relación con el crimen de Miguel Uribe Turbay, advirtió que es un proceso preliminar y que “es prematuro dar resultados”.
Relación con el Gobierno y balance
El presidente de la Corte describió un buen relacionamiento con el Ejecutivo y el Legislativo, enmarcado en el equilibrio de poderes y en el deber de colaboración armónica. Sobre la Ley de Sometimiento, recordó que el alto tribunal hizo observaciones en el Consejo de Política Criminal y que el Congreso acogió buena parte de ellas; ahora, dijo, “es prematuro todavía mirarlo” en resultados.
A poco de terminar su periodo al frente de la corporación, destacó la modernización de la justicia y la conformación de las salas especiales con mayoría de mujeres, aunque reconoció la congestión que genera la alta litigiosidad del país. Su llamado final fue a resolver las diferencias por vías pacíficas: “La violencia siempre es adversaria de la justicia”.