El Gobierno retiró del proyecto de Ley de Rescate Económico la propuesta de gravar con IVA los productos de la canasta familiar y, en cambio, evalúa bajar la tarifa general del impuesto de 19% a 18% o incluso 17%. El anuncio lo hizo el presidente Abelardo de la Espriella durante el balance de sus primeros 100 días de mandato.
"Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA", señaló el mandatario.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda habían considerado inicialmente inviable la instrucción, porque comprometía la meta de recaudo del proyecto. De la Espriella explicó que, tras varios análisis, ajustaron la propuesta para proteger la canasta básica y mantener la meta, a cambio de exigir un mayor esfuerzo al Estado.
"Se trata de un problema numérico. Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla", dijo el presidente, quien añadió que Hacienda "está estudiando la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA del 19% al 18%, o incluso al 17%". No precisó si esa rebaja quedará incorporada en la ley.
Qué proponía el proyecto original
El texto presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, planteaba eliminar a partir del 1 de enero de 2028 la tarifa reducida de 5% del IVA. Los productos que hoy pagan ese porcentaje habrían pasado a la tarifa general de 19%: el café, el azúcar, las pastas, el chocolate de mesa, los aceites crudos de soya, palma, girasol, algodón, colza y maíz, y el concentrado para alimentar gallinas, pollos y cerdos.
El proyecto también modificaba las listas de bienes excluidos y exentos, que hoy no pagan IVA. De la lista de excluidos salían la sal, el maíz, la miel, el café sin tostar, legumbres como el fríjol, la lenteja y el garbanzo, y frutas y hortalizas como el banano, el aguacate, el mango, la papaya, el tomate, la cebolla y la zanahoria. En la lista de exentos quedaban por fuera el queso fresco, la cuajada y el requesón, además del ganado bovino, los pollitos de un día y los camarones de cultivo.
La diferencia importa para el productor: quien vende un bien excluido como la papa paga IVA por sus insumos y no puede recuperarlo, mientras que quien vende un bien exento como el pollo sí puede pedir la devolución. El campo también quedaba tocado: salían de las listas las semillas, los abonos, los plaguicidas, los tractores, las cosechadoras y los sistemas de riego, y servicios como la asistencia técnica y la fumigación pasaban a gravarse con 19%.
El sector advirtió que las medidas elevarían los costos de producción. "La eliminación de la tarifa de 5% implica que todos los productos pasarían a una tarifa de 19%, lo que podría elevar los costos de producción para aquellos productos finales que queden en el régimen de excluidos, pues no podrían recuperar el IVA", explicó Andrés Valencia, exministro de Agricultura. Según Lisandro Junco, exdirector de la Dian, el impacto inflacionario de recortar los beneficios del IVA habría sido de 1,3 puntos porcentuales, jalonado principalmente por los alimentos.
El costo fiscal del giro
Con el retiro del capítulo, la Ley de Rescate pierde su componente de mayor peso en el recaudo. Las proyecciones de Hacienda calculaban que la reducción de beneficios del IVA aportaría en promedio $40 billones anuales entre 2028 y 2030, equivalentes a 1,67% del PIB, una cifra superior al recaudo neto estimado para todo el paquete de IVA ($25,5 billones, 1,2% del PIB).
Parte de ese recaudo retornaría a los hogares a través de EfectIVA, el mecanismo de devolución del IVA para la población de menores ingresos, con un desembolso de $812.000 millones en 2027 y de $20 billones entre 2028 y 2030. El Gobierno no detalló cómo compensará el hueco que deja la retirada.
Los cambios en IVA que sobreviven
El proyecto mantiene ajustes que no tocan la canasta: los carros eléctricos e híbridos, los licores y los vinos pasarían de 5% a 19%, y las apuestas en línea, los servicios digitales y las compras al exterior de hasta US$200 —como las que se hacen en plataformas como Temu y Shein— quedarían gravadas con la tarifa general.
Según Hacienda, esas medidas aportarían $2,26 billones anuales entre 2028 y 2030 por juegos de suerte y azar, $1,97 billones por importaciones de bajo valor, $594.000 millones por licencias de software y $242.000 millones por vehículos eléctricos e híbridos.
El resto de la reforma
La ley conserva los cinco ejes originales —fiscal, social, de salud, de inversión y del Estado— y busca un recaudo cercano a 2,2% del PIB. En renta de personas naturales, quienes tengan ingresos gravables entre $37,7 millones y $57,1 millones anuales pasarían de una tarifa de 0% a 9%, y las tarifas de 35% y 37% se unificarían en 39% para ingresos desde $454 millones. La renta exenta de 25% sobre los ingresos laborales tendría un límite anual de $32,9 millones.
Para las empresas, la tarifa de renta bajaría de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028, con cinco puntos adicionales para el sector financiero desde 2030. El impuesto al patrimonio se aplicaría entre 2027 y 2030 a patrimonios líquidos desde $5.002 millones —frente a los $3.770 millones actuales—, con tarifas de 0,5% y 1%, e incluiría un mecanismo para declarar activos omitidos y criptoactivos. Los impuestos al consumo también subirían: el del cigarrillo llegaría a $7.823 por cajetilla en 2027 y a $11.200 en 2028, y el de la cerveza tendría un componente de $330 por unidad.
En el gasto, el proyecto plantea reducir 20% la nómina estatal en 2028 —excepto la fuerza pública— y 50% los contratos de prestación de servicios en 2027, además de otorgar facultades extraordinarias al Presidente durante seis meses para suprimir o fusionar entidades, con un ahorro estimado de $8,6 billones. Hacienda calcula un ahorro estatal de $44,6 billones en 2027 y de $76,1 billones en 2030, y la regla fiscal se ajustaría para que, con deuda entre 63% y 71% del PIB, el gasto de personal no crezca más que la inflación.
El calendario en el Congreso
El Gobierno tiene hasta el 16 de diciembre, cierre de las sesiones ordinarias, para sacar adelante la ley; de lo contrario, tendría que convocar a sesiones extraordinarias. Un análisis de la consultora Orza estima que el Ejecutivo cuenta de forma preliminar con congresistas afines que suman 70% de las Comisiones Económicas: 59 de sus 90 integrantes pertenecen a partidos de Gobierno, y en las Comisiones Terceras, donde se dará el debate tributario, son 30 de 46.
El trámite ya se movió: las Comisiones Económicas designaron coordinadores y ponentes, y sus mesas directivas citaron para este martes 17 de noviembre, a las 2:00 p. m., una reunión de trabajo en el Ministerio de Hacienda. El presidente dejó la puerta abierta a negociar: "Esto no es una ley, es un proyecto en construcción. Buscaremos consensos con todos los partidos y con todos los sectores", sostuvo.