Un grupo de congresistas, liderado por el senador Antonio José Correa, pidió la intervención y el seguimiento de organismos internacionales ante la propuesta de reducir en $170.000 millones el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 2027.
La disminución representaría una caída del 80,4 % en el rubro de inversión frente al proyecto presupuestal presentado inicialmente por el Gobierno. Los parlamentarios sostienen que el ajuste podría afectar el funcionamiento de la justicia transicional en Colombia.
Las solicitudes de los congresistas
Las comunicaciones fueron enviadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Congreso de Estados Unidos. En cada caso, los legisladores formularon solicitudes relacionadas con el impacto que tendría el recorte.
A la Fiscalía de la CPI le pidieron hacer seguimiento al Acuerdo de Cooperación suscrito en 2021 y evaluar si la reducción presupuestal puede limitar la capacidad del Estado colombiano para investigar y sancionar crímenes de competencia de esa corte.
Ante la CIDH, los congresistas solicitaron que se requiera al Estado colombiano establecer medidas y plazos concretos para garantizar la representación judicial, la protección y la participación de las víctimas en los procesos de la JEP.
En la carta dirigida al Congreso estadounidense pidieron abrir espacios de diálogo y solicitar informes al Departamento de Estado sobre los posibles efectos del recorte en los programas de cooperación para la paz.
Según los parlamentarios firmantes, la reducción podría poner en riesgo la ejecución de las sanciones, paralizar procesos judiciales y afectar las garantías jurídicas de los comparecientes de la Fuerza Pública y de los exintegrantes de las FARC.