La Corte Suprema de Justicia llevará a juicio a seis congresistas investigados por el presunto intercambio de votos por contratos de obras públicas relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada por la magistrada Paula Andrea Ramírez y se fundamenta en una providencia de 667 páginas.
Los procesados son Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique. Los seis integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, encargada de avalar los créditos que la Nación solicita ante la banca internacional.
Según la investigación, los congresistas habrían aceptado promesas de beneficios a cambio de apoyar empréstitos solicitados por el Gobierno. La conducta fue calificada provisionalmente como cohecho impropio, por lo que los señalamientos deberán ser examinados durante el juicio y no constituyen una condena.
Los contratos que aparecen en el expediente
Los hechos investigados se habrían presentado en diciembre de 2023, después de reuniones entre congresistas y funcionarios del Ministerio de Hacienda. En esos encuentros habrían participado el entonces ministro Ricardo Bonilla, el viceministro Diego Alejandro Guevara y la asesora María Alejandra Benavides.
El expediente relaciona tres contratos con el supuesto acuerdo. El primero corresponde a obras en Cotorra, Córdoba, por más de $46.000 millones, y estaría vinculado a Liliana Bitar, Wadith Manzur y Julián Peinado.
El segundo, cercano a $35.000 millones, estaría relacionado con obras en Saravena, Arauca, y habría beneficiado presuntamente a Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. El tercero, por más de $12.000 millones, correspondería a trabajos en El Carmen de Bolívar y estaría ligado al voto de Juan Pablo Gallo.
Entre las pruebas mencionadas figuran mensajes, testimonios y documentos entregados por Benavides y Olmedo López, exdirector de la UNGRD. También aparece una libreta atribuida a Karen Manrique, en la que se habrían registrado reclamos por las demoras en la ejecución de los contratos.
La Corte Suprema rechazó solicitudes de las defensas para frenar el proceso, anular actuaciones o excluir pruebas. De acuerdo con la decisión, los cuestionamientos sobre la gestión de los proyectos y la valoración de las evidencias deberán discutirse durante el juicio.
El documento señala además que la gestión de obras públicas no necesariamente habría representado una utilidad patrimonial inmediata para los investigados, sino que podría haberse traducido en un fortalecimiento de sus relaciones políticas y sociales. Ahora, los seis congresistas deberán responder ante la Corte por los hechos que les atribuye la investigación.