El exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez salió ileso de un atentado ocurrido el viernes en la noche, pero su escolta, Felipe López Gutiérrez, murió durante el ataque. El hecho provocó condenas de dirigentes políticos, autoridades regionales y organismos de control, que pidieron establecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales.
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el ataque no quedará impune y ordenó a la Policía desplegar sus capacidades para identificar y capturar a los responsables, en coordinación con la Fiscalía. También expresó su solidaridad con Ramírez y con la familia del integrante de la Unidad Nacional de Protección.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que habló con el director de la UNP, Didier Blanco, quien le confirmó que el esquema de seguridad del exalcalde fue reforzado. El funcionario calificó el ataque como una amenaza para la democracia y reiteró el compromiso del Gobierno de enfrentar las expresiones terroristas.
Reclaman una investigación rigurosa
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, lamentó la muerte de López y sostuvo que las autoridades deben esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia. Desde distintos sectores del Senado también se reclamó una respuesta rápida de los investigadores.
El senador Duvalier Sánchez, quien había tenido a Ramírez como fórmula electoral, afirmó que las diferencias políticas deben resolverse mediante las ideas y no con violencia. Según explicó, se adelantan denuncias ante la Fiscalía para buscar a los sicarios y a quienes hayan ordenado el ataque.
Desde el Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda exigió una investigación que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia. La senadora María Lucía Villalba también rechazó el atentado y pidió que los responsables materiales e intelectuales respondan ante las autoridades.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó el ataque y solicitó a la Fiscalía y a la Policía actuar con rigor y celeridad. Señaló que las autoridades trabajan junto con la Gobernación del Valle y el Gobierno nacional para fortalecer la seguridad en el territorio.
La Procuraduría y la Defensoría también rechazaron lo ocurrido. Esta última entidad advirtió que la zona enfrenta un escenario grave de violencia asociado al conflicto armado y recordó que emitió una alerta temprana por riesgos como homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y atentados contra liderazgos sociales.