La Defensoría del Pueblo cuestionó el despliegue de unidades antidisturbios durante una protesta realizada el sábado 17 de octubre frente al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. La entidad calificó de innecesaria y desproporcionada la presencia del Esmad y de un vehículo lanzaguas, debido a que la manifestación había transcurrido pacíficamente según el reporte recibido.
Cerca de 500 personas participaron en la movilización para rechazar las órdenes del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar obras relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.
La protesta comenzó hacia el mediodía. Quienes permanecían en el plantón afirmaron que alrededor de las 6:33 p. m. una tanqueta empezó a lanzar agua para dispersar a las personas que bloqueaban la carrera Séptima.
La defensora Iris Marín sostuvo que los asistentes ejercían legítimamente su derecho a expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno sobre las obras removidas del museo. La entidad advirtió que la cercanía de estos dispositivos podía aumentar las tensiones y provocar una escalada de la conflictividad.
La discusión sobre la intervención policial
Marín reconoció que el Decreto 1525 de 2026 permite la proximidad de la Fuerza Pública a las manifestaciones, pero señaló que esa posibilidad debe evaluarse según la necesidad y las circunstancias de cada caso. La norma fue firmada el 13 de octubre y establece nuevos escenarios para la intervención policial.
Ese mismo día, la Policía Nacional firmó el decreto que sustituye la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden por la Unidad Nacional Antidisturbios, con el regreso del Esmad. La unidad anterior había sido creada después de una orden de la Corte Suprema de Justicia orientada a establecer garantías para la protesta pacífica y controles sobre las actuaciones policiales.
La Defensoría recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías pueden formar parte del ejercicio legítimo de la protesta. Según ese criterio, las afectaciones a la movilidad, por sí solas, no eliminan el carácter pacífico de una manifestación ni justifican automáticamente su disolución.
La entidad pidió a las autoridades respetar plenamente la protesta pacífica y evitar abordarla únicamente como un riesgo para el orden público. También recomendó adoptar alternativas para gestionar la movilidad y prevenir confrontaciones con la población civil.