La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los señalamientos de la senadora María Clara Posada sobre un supuesto “turismo judicial” y el uso indebido de recursos públicos. La congresista afirmó que el tribunal había gastado $56.435 millones en 75 viajes internacionales.
Según el informe divulgado por Posada, $23.963 millones corresponderían a la compra de tiquetes aéreos y otros $32.472 millones a viáticos y gastos de desplazamiento de empleados y contratistas. La senadora también aseguró que este último rubro aumentó 191% entre 2022 y 2025.
La JEP respondió que esa suma no corresponde exclusivamente a viajes fuera del país. La entidad explicó que los $56.435 millones representan la inversión total destinada a más de 21.000 actividades judiciales y misionales desarrolladas entre 2018 y 2026 en 337 municipios de 31 departamentos.
Sobre los desplazamientos internacionales, la jurisdicción precisó que solo el 1,13% del gasto en tiquetes se destinó a pasajes fuera de Colombia. En total, señaló que fueron 61 comisiones oficiales internacionales, y no 75.
La entidad también afirmó que su gestión ha sido revisada por los organismos de control. Según el comunicado, la JEP ha atendido siete auditorías de la Contraloría General de la República y ha entregado 14 informes a la Procuraduría, sin registrar hallazgos disciplinarios, fiscales o penales.
Frente a los viajes de directivos a Europa, la JEP aseguró que obedecieron a invitaciones formales de organismos internacionales y a una agenda de cooperación judicial previamente anunciada. La institución pidió un debate riguroso y una rectificación pública por lo que calificó como afirmaciones dirigidas a desacreditarla y afectar su financiación y periodo constitucional.