Más de 12.400 comunidades religiosas están inscritas en las bases de datos del Estado colombiano, informó el Ministerio del Interior. El registro de iglesias y centros de fe está a cargo de la Dirección de Asuntos Religiosos, una dependencia que podría tener una reducción significativa en su presupuesto de inversión durante 2027.
La dirección está encabezada actualmente por Isaura Yaneth Parejo Buelvas, abogada con especialización en Derecho Administrativo y Gerencia Estratégica de Negocios. Entre sus funciones está coordinar acciones relacionadas con el diálogo interreligioso y la relación entre los sectores religiosos y las entidades estatales.
La dependencia también otorga personerías jurídicas especiales a comunidades de fe y participa en espacios de diálogo con organizaciones religiosas. Parejo asistió el 7 de octubre a la Cumbre Nacional “Uniendo Propósitos” de la Confederación Evangélica de Colombia, Cedecol, que reúne a cerca de 9.000 iglesias y organizaciones cristianas evangélicas.
Además, la directora sostuvo una reunión con Marguerite Benson, funcionaria de la Embajada de Estados Unidos, para abordar los derechos de las comunidades de fe y explorar oportunidades de trabajo conjunto. También se reunió con Findeter para revisar 59 iniciativas que, de acuerdo con el Ministerio, benefician a 32.944 personas mediante el trabajo social de organizaciones religiosas.
Reducción prevista en el presupuesto
El presupuesto de inversión de la Dirección de Asuntos Religiosos para 2026 es de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, el documento final del proyecto presupuestal para 2027 contempla 512 millones, una cifra cercana a la tercera parte del monto vigente.
El Ministerio del Interior había solicitado mantener los 1.500 millones en el anteproyecto presentado ante el Congreso, pero el valor fue reducido en la versión final. Los gastos de funcionamiento, por su parte, se mantendrían en 1.884 millones de pesos.
La Dirección de Asuntos Religiosos fue reglamentada por el Decreto Ley 2893 de 2011. Su trabajo incluye promover la libertad religiosa, coordinar el diálogo entre comunidades de fe y entidades públicas, y sistematizar la información sobre las organizaciones religiosas registradas en el país.