El Ministerio del Trabajo anunció modificaciones a ocho decretos laborales expedidos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Las propuestas abarcan la tercerización, los pactos colectivos, la inspección laboral, la seguridad social de los repartidores de plataformas digitales y la protección frente al acoso.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que busca corregir disposiciones que habrían excedido las facultades reglamentarias. El análisis jurídico citado en la discusión plantea que los decretos no pueden crear ni eliminar derechos laborales, porque esa competencia corresponde al legislador.
Qué cambiaría en la tercerización y los pactos colectivos
La tercerización ilegal continuaría prohibida, incluida la intermediación mediante supuestos contratistas independientes o empresas de servicios temporales que desconozcan los límites establecidos por la ley. La propuesta retiraría definiciones de conductas indiciarias y algunos tipos de sanciones considerados ajenos al alcance reglamentario, aunque el Ministerio conservaría sus facultades de investigación y multa.
En los pactos colectivos, el depósito volvería a regirse por las reglas del Código Sustantivo del Trabajo. Se mantendría el límite según el cual no pueden celebrarse pactos cuando el sindicato agrupa a más de la tercera parte de los trabajadores, ni utilizarse esos acuerdos para afectar la libertad de asociación sindical.
Uno de los ajustes discutidos elimina un procedimiento de inspección previa y automática para cada depósito. La revisión había incorporado requisitos considerados propios de una convención colectiva, pese a que el pacto colectivo se celebra con trabajadores no sindicalizados. Los inspectores seguirían facultados para prevenir, requerir y sancionar, pero no para declarar derechos o resolver controversias que corresponden a los jueces.
Aportes de los repartidores de plataformas
La reforma laboral estableció que la base de cotización de los trabajadores independientes de plataformas digitales de reparto corresponde al 40 % de la totalidad de sus ingresos, sin fijar una base mínima. La discusión actual se concentra en los ajustes tecnológicos y de planilla necesarios para aplicar esa regla.
Según el análisis citado, calcular los aportes sobre ingresos reales evitaría establecer una base superior a la que exige la ley. La exigibilidad del aporte no cambiaría, pues la Ley 2466 de 2025 ya definió cómo debe realizarse.
Los decretos vigentes conservan la presunción de legalidad mientras una autoridad judicial no los suspenda o anule. Por ahora, empresas y trabajadores deben cumplir las normas aplicables y pueden enviar sus comentarios al Ministerio del Trabajo hasta el 31 de octubre.