A un año de las elecciones locales de 2027, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que Colombia todavía no cuenta con una política de seguridad específica para esos comicios.
Durante el lanzamiento de la observación electoral, Barrios explicó que el Gobierno ha respondido con acciones de orden público frente a hechos concretos, pero no ha presentado una estrategia integral. “No tenemos una política de seguridad, tenemos acciones de orden público frente a hechos que ocurren de orden público, pero no una política de seguridad”, afirmó.
Según la directora de la MOE, aún no es posible determinar si las próximas elecciones serán más violentas, menos violentas o tranquilas. La organización hará seguimiento a unos comicios en los que se elegirán al menos 20.323 cargos, entre gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
Regiones con persistencia de la violencia
La MOE identificó una franja de violencia que se extiende desde La Guajira hasta Arauca por la presencia del ELN. El panorama también alcanza al Urabá antioqueño y al Chocó, zonas en las que, de acuerdo con Barrios, existe una relación entre grupos armados ilegales, recursos ilegales y el ejercicio de la política.
La organización también señaló como reto la prevención de la trashumancia electoral, práctica que consiste en inscribir la cédula en un municipio diferente al de residencia para votar allí. La inscripción de cédulas comenzará el próximo 31 de octubre y la MOE hará seguimiento mensual a las autoridades durante ese proceso.
Como antecedente, Barrios recordó que en las elecciones de 2023 se registraron 91 asonadas en 80 municipios. La mayoría estuvo relacionada con la anulación de inscripciones de candidaturas o de cédulas.