El Ministerio de Minas y Energía puso fin a los Distritos Mineros Especiales mediante la Resolución 40579 de 2026, con la que derogó las 15 normas expedidas durante el gobierno de Gustavo Petro para delimitar zonas de transición y diversificación productiva.
Los distritos cubrían 5.340.192 hectáreas, equivalentes a unos 53.402 kilómetros cuadrados, en 11 departamentos y el litoral Pacífico. La política había sido creada a partir de la Ley 2294 de 2023 y reglamentada por el Decreto 977 de 2024.
El Ministerio argumentó que, después de dos años de aplicación, no había resultados tangibles en diversificación económica, reconversión laboral ni calidad de vida. También sostuvo que los planes estratégicos de gestión no fueron terminados ni adoptados, mientras que 14 de los 15 distritos se declararon en 2026.
La resolución cuestiona que las normas no hubieran definido una vigencia, una extensión máxima ni reglas de modificación y transición para los proyectos en curso. Según el Gobierno, esa falta de precisión generó incertidumbre entre titulares mineros y solicitantes de concesiones.
La entidad también señaló que las delimitaciones no fueron articuladas con los planes de ordenamiento territorial y que la sustitución de la minería se planteó sin acreditar alternativas productivas “ciertas, financiables y técnicamente viables”.
Qué ocurrirá con los títulos y las comunidades
Los títulos mineros vigentes y las solicitudes de concesión en trámite continuarán bajo las reglas del Código de Minas. La derogatoria tampoco desconoce los acuerdos protocolizados con comunidades del Bajo Cauca antioqueño y el Norte del Cauca.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, afirmó que los distritos pretendían sustituir una actividad de la que dependen miles de familias sin ofrecer una alternativa real. “Diversificar es sumar, no restar”, señaló.
El Ministerio anunció que mantendrá en esas zonas acciones de formalización, asistencia técnica y fortalecimiento asociativo. La Agencia Nacional de Minería tendrá 30 días para retirar del Catastro Minero las capas correspondientes a los distritos.
La política derogada buscaba ordenar la minería en áreas con altos niveles de informalidad, promover la explotación regulada de minerales estratégicos y ofrecer alternativas económicas a comunidades vinculadas con la extracción de carbón térmico y otros minerales.