El Gobierno nacional formalizó el Decreto 1525, una disposición con la que busca establecer una diferencia entre el ejercicio legítimo de la protesta social pacífica y las acciones que constituyan vandalismo o alteraciones del orden público.
Desde la Casa de Nariño se explicó que la norma pretende proteger las garantías constitucionales de quienes participan en movilizaciones, mientras preserva la seguridad, la movilidad y las actividades productivas de la población.
El Ejecutivo sostuvo que la expedición del decreto no cierra las vías institucionales de diálogo ni los mecanismos de concertación con los distintos sectores sociales. También señaló que el cumplimiento de la ley y el uso legítimo de la fuerza pública son condiciones para proteger los derechos fundamentales dentro del Estado de derecho.
El alcance de la medida
Miller Soto, vocero de la Presidencia, explicó que la autoridad y la defensa de los derechos humanos deben entenderse como conceptos complementarios en una democracia. El funcionario llamó a analizar la aplicación del decreto con criterios de ponderación y afirmó que el orden institucional permite garantizar los derechos individuales y colectivos.