El Instituto Anticorrupción presentó el 25 de octubre una denuncia contra el expresidente y exsenador Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El documento también fue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La acción solicita investigar presuntas irregularidades en la contratación pública, el posible uso de recursos estatales para fines particulares y otras conductas que podrían estar relacionadas con el testimonio de Deicy Jiménez, divulgado en una entrevista periodística.
Según la denuncia, Jiménez afirmó que habría existido una relación entre la prestación de servicios sexuales y la adjudicación o continuidad de contratos en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
El testimonio también menciona una presunta red integrada por decenas de mujeres, intermediarios, encuentros con consumo de sustancias y posibles amenazas o represalias. El Instituto Anticorrupción planteó que estos hechos deben ser verificados por las autoridades y aclaró que las manifestaciones no constituyen hechos probados ni imputaciones concluyentes.
Las pruebas que pidió el Instituto Anticorrupción
Entre las diligencias solicitadas está recibir la declaración formal de Jiménez con enfoque de protección, identificar a otras posibles afectadas y pedir la preservación y entrega voluntaria del material probatorio. Esta última solicitud debería respetar la reserva de la fuente y contar con el acompañamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa.
La denuncia también pide consultar los expedientes contractuales en el Secop y el Congreso, entrevistar a supervisores y ordenadores del gasto, y recibir las declaraciones de María José Pizarro y Armando Benedetti. Además, plantea evaluar medidas de protección para los testigos y separar las investigaciones según los periodos parlamentarios y presidenciales de Petro.
Por otro lado, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, presentó una denuncia independiente ante la Comisión de Acusación. Su petición busca que se estudie un eventual juicio por indignidad y que se recauden elementos materiales probatorios sobre la posible responsabilidad política, disciplinaria y penal del expresidente.