Un diagnóstico presentado por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes expuso problemas financieros, de cobertura, infraestructura y aprendizaje que afectan a la educación en Colombia.
Déficit en la salud del magisterio
El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio proyecta necesidades de salud por COP 8,44 billones, pero dispone de COP 3,94 billones. La diferencia representa un déficit de COP 4,50 billones. Entre enero de 2025 y julio de 2026 se registraron 97.105 tutelas y trámites constitucionales relacionados con un sistema que atiende a 837.275 docentes, pensionados y familiares.
El informe también señaló que el Plan Nacional de Desarrollo anterior alcanzó un cumplimiento de 78,44 %. De 23 indicadores, 17 no llegaron a las metas previstas. La cobertura en educación media fue de 49,95 %, frente a un objetivo del 65 %, mientras que de los 19.500 ambientes educativos proyectados solo se habían terminado 11.341 a julio de 2026.
Menos estudiantes y mayores brechas territoriales
A mayo de 2026 había 8.890.336 estudiantes matriculados entre transición y grado once, 421.142 menos que en 2025. La reducción equivale al 4,5 %, aunque el informe indicó que sus causas aún no están determinadas.
La cobertura educativa pasó de 86,8 % en 2022 a 83,6 % en 2025. La cobertura bruta urbana llegó al 98,5 %, mientras que en las zonas rurales fue de 77,7 %. Además, 1.587.248 personas entre los 5 y 16 años no estaban matriculadas en 2025.
Veinte entidades territoriales fueron ubicadas en riesgo muy alto en acceso, permanencia, desempeño y atención al contexto. En las pruebas Saber 11, el 49,51 % de los colegios oficiales rurales permaneció en la categoría D, la de menor desempeño. El último dato consolidado para primaria y secundaria corresponde a 2023.
Presiones sobre la educación superior
Para cumplir la política de gratuidad en la matrícula de 2026 faltaban COP 245.797 millones adicionales, aunque el Gobierno aseguró COP 185.000 millones. El Icetex, por su parte, tiene una asignación de COP 467.621 millones, frente a necesidades estimadas en COP 1,99 billones.
La ministra afirmó que la respuesta oficial busca reducir las brechas, fortalecer la transparencia, garantizar el bienestar de los maestros y recuperar la capacidad del sistema educativo. También planteó la necesidad de trabajar con los distintos actores del sector.