La Cámara de Representantes sesionará el martes para revisar los posibles vicios de procedimiento identificados por la Corte Constitucional en la reforma pensional. La corporación debe analizar nueve artículos y una proposición dentro del plazo de 30 días hábiles fijado por el alto tribunal.
La decisión se tomará a pocos días de que venza ese término, establecido en la Sentencia C-264 de 2026 y notificado al Congreso el 17 de septiembre. El primer punto de la plenaria será la corrección del vicio de procedimiento.
Los artículos que revisará la plenaria
La Cámara aprobó la creación de una Comisión Accidental de Mediación, coordinada por los representantes Simón Molina y Jhonatan Pineda. El grupo presentará una propuesta a la plenaria para que sea discutida y, posteriormente, remitida de nuevo a la Corte Constitucional.
Entre los asuntos que serán revisados están el artículo 11, sobre la propiedad de las cuentas de ahorro individual del pilar contributivo; el artículo 14, relacionado con las características prestacionales del sistema de protección social, y el artículo 19, que define la inversión de los recursos de los fondos de pensiones.
La revisión también incluye proposiciones que no habrían tenido una deliberación suficiente durante el trámite legislativo. La Cámara deberá determinar cómo subsanar esas situaciones y consolidar un texto que pueda superar el nuevo examen constitucional.
La solicitud de ampliar el plazo
El 21 de octubre, la Mesa Directiva de la Cámara solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional una prórroga de 30 días hábiles. Según la corporación, el debate coincidió con la discusión y aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, lo que retrasó el inicio del trámite.
Hasta el 26 de octubre, la Corte no había informado si aceptaba o negaba la solicitud. Por eso, la Cámara avanzará con el debate mientras espera una decisión sobre la ampliación del término.
El trámite también está relacionado con un incidente de impacto fiscal solicitado por el Ministerio de Hacienda el 22 de septiembre. En un oficio dirigido a la presidenta de la Corte, Paola Meneses, el ministro Miguel Gómez sostuvo que la implementación de la reforma en 2027 requeriría cerca de $16,25 billones adicionales que no estarían contemplados en el presupuesto.