La Procuraduría investiga a la alcaldesa de Frontino, Luz Gabriela Rivera Cano, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El proceso involucra 10 contratos de mínima cuantía por 480 millones de pesos.
El Ministerio Público indaga una posible “separación artificial del objeto contractual”, que habría permitido mantener la contratación dentro de la mínima cuantía y evitar una modalidad de selección con mayores exigencias. La formulación de cargos se originó en una denuncia anónima presentada en 2024.
Rivera defendió las decisiones de su administración. Aseguró que al comenzar el gobierno los procesos de contratación no estaban adelantados y que una licitación pública habría tardado varias semanas, lo que podía dejar a los estudiantes sin alimentación durante el inicio del calendario escolar.
“Cuando iniciamos nuestro gobierno, encontramos que esos procesos de contratación del PAE no habían quedado adelantados”, afirmó la alcaldesa. Según su explicación, se optó por varias contrataciones para garantizar el suministro desde el primer día de clases y, sostuvo, se aplicaron los procedimientos correspondientes.
La investigación también revisa interrupciones en la entrega de los kits de alimentación entre el 11 y el 15 de febrero y entre el 15 y el 19 de julio de 2024. La mandataria afirmó que tiene documentos y evidencias para responder por esos hechos.
La alcaldesa añadió que un proceso de la Contraloría no encontró malversación de recursos ni un hallazgo fiscal relacionado con el caso. Sin embargo, la investigación disciplinaria de la Procuraduría continúa y será ese organismo el que determine si existieron responsabilidades en la forma como se estructuraron y ejecutaron los contratos.