El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia devolver, en un plazo de 48 horas, todas las piezas retiradas de tres salas el pasado 15 de octubre de 2026.
El retiro de aproximadamente 30 obras había provocado protestas frente al museo y cuestionamientos de distintos gremios culturales. La decisión judicial responde a una tutela presentada por el congresista Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, junto con colectivos LGBTIQ+.
El despacho consideró que la medida afectó los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la cultura. También ordenó que las piezas sean restituidas bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su conservación.
La restitución no será definitiva
El juez aclaró que el fallo no obliga al Museo Nacional a exhibir permanentemente determinadas piezas ni impide futuras modificaciones de sus exposiciones. La devolución deberá mantenerse mientras las entidades adelantan una evaluación técnica y curatorial sobre la permanencia de las obras.
Ese análisis deberá seguir los procedimientos internos y contar con la intervención de las instancias competentes, incluido el comité de gestión patrimonial del museo. Entre los criterios fijados están el valor artístico, documental e histórico de cada pieza, su aporte a la memoria colectiva y su relación con la memoria de las víctimas, los procesos de paz y las reivindicaciones de grupos históricamente excluidos.
La evaluación también deberá aplicar un enfoque diferencial y de género que reconozca las experiencias de las mujeres, la población LGBTIQ+ y otros sectores históricamente discriminados, además de proteger la memoria histórica y las garantías de no repetición.
El juzgado advirtió que las decisiones deberán estar motivadas y sustentadas en criterios técnicos y curatoriales verificables. Según el fallo, las preferencias ideológicas o políticas de las autoridades administrativas no constituyen por sí solas una razón válida para excluir contenidos de la exhibición pública.
La tutela no reconoció vulneraciones específicas a los derechos al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana ni a recibir información veraz e imparcial. Tampoco encontró pruebas suficientes de un trato discriminatorio individualizado contra los accionantes.
El juez negó las solicitudes de disculpas públicas y otras medidas reparadoras. No obstante, indicó que quienes consideren haber sufrido daños pueden acudir a los mecanismos judiciales o administrativos correspondientes para reclamar las medidas que estimen pertinentes.