Las barreras para obtener un préstamo formal siguen llevando a miles de colombianos hacia el gota a gota, advirtió David Bocanument, presidente del Fondo de Garantías, durante el foro “El crédito que mueve a Colombia: confianza e inclusión financiera en la economía real”.
El directivo señaló que cerca de 19 millones de adultos permanecen por fuera del sistema de crédito formal. Cuando una persona no consigue financiación para resolver una emergencia, pagar estudios, atender un tratamiento médico o fortalecer un pequeño negocio, puede terminar recurriendo a préstamos informales en los que la vida se convierte en la garantía.
Bocanument citó el reporte de inclusión financiera de 2025 de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, según el cual alrededor del 51% de los adultos colombianos tiene acceso a un producto de crédito formal. El porcentaje restante representa, a juicio del directivo, una oportunidad para ampliar la vinculación al sistema.
La deuda pendiente de la rebancarización
El presidente del FGA también planteó la necesidad de recuperar a quienes tuvieron un producto financiero y salieron del sistema después de enfrentar dificultades para pagar sus obligaciones. Estimó que al menos cinco millones de colombianos podrían volver a ser vinculados mediante alternativas adecuadas a su situación.
La entidad informó que garantiza cerca de $18 billones en financiación, con un crédito promedio de $1,2 millones y una operación de alrededor de 38.000 créditos diarios. En casi tres décadas, más de 11 millones de colombianos han recibido préstamos respaldados por el FGA y se han aprobado más de 43 millones de operaciones por un valor superior a $68 billones.
Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, sostuvo que el avance de la inclusión crediticia ha sido limitado: pasó de 36,2% en 2019 a 36,6% en la actualidad, según las cifras que presentó. También afirmó que unas 480.000 personas fueron excluidas del mercado formal durante los últimos 12 meses por efecto de la tasa de usura y terminaron expuestas a mercados informales.
Debate sobre la tasa de usura
Santos explicó que la tasa de usura se determina a partir del costo de fondeo de empresas grandes, una referencia que, según su análisis, puede dejar por fuera a personas con perfiles de riesgo diferentes. Por ello pidió una respuesta del Estado para ampliar el acceso sin trasladar a los usuarios a créditos informales.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, dijo que el principal reto no está únicamente en lograr que los jóvenes obtengan su primera tarjeta, sino en la rebancarización de unos ocho millones de adultos que tuvieron productos formales y abandonaron el sistema durante los últimos cinco años.
Los participantes coincidieron en discutir un esquema que diferencie las modalidades de la tasa de usura y permita reconocer el riesgo específico de los hogares. Malagón aclaró que la propuesta no busca aumentar la tasa, mientras José Ignacio López, presidente de ANIF, planteó abrir dos certificaciones y escoger la más alta mediante una aplicación gradual.