La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a nueve antiguos mandos del Comando Conjunto Central de las Farc por su presunta responsabilidad en graves crímenes cometidos en Tolima, Huila y Quindío.
Entre los exintegrantes llamados a reconocer responsabilidad está Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”. También fueron señalados Luis Eduardo Rayo, alias “Marlon”; Henoc Capera Trujillo, alias “Giovanni”; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias “Armando Pipas”; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias “Donald”; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, alias “Gonzalo”; Wilson Ramírez Guzmán, alias “Teófilo González”; Víctor Hugo Silva Soto, alias “Erick”, y Raúl Agudelo Medina, alias “Olivo Saldaña”.
Los crímenes atribuidos por la JEP
La imputación incluye homicidios de personas protegidas, desplazamiento forzado, ejecuciones sin garantías judiciales, tortura, tratos crueles, ataques contra la población civil y ataques contra hospitales, escuelas e iglesias.
La JEP también atribuyó hechos relacionados con la destrucción de bienes sin justificación militar, saqueos, ataques a traición, uso de minas antipersonal y la orden de no dejar con vida a los adversarios. Entre los delitos de lesa humanidad mencionados están el asesinato, el traslado forzoso, la desaparición forzada, la tortura y la persecución.
La magistrada Marcela Giraldo Muñoz afirmó que las acciones del antiguo comando causaron daños profundos en la vida de las personas y las comunidades. Según explicó, los ataques con armas de efectos indiscriminados, la destrucción de viviendas e infraestructura, los desplazamientos y las minas antipersonal dejaron lesiones permanentes, afectaciones emocionales y desarraigo.
La investigación escuchó a cientos de víctimas
Para construir sus conclusiones, la Sala revisó cerca de 600 expedientes de la justicia ordinaria, analizó 54 informes presentados por víctimas y organizaciones de la sociedad civil, y escuchó las versiones de 22 comparecientes de las antiguas Farc.
Además, la JEP recibió los testimonios de 967 víctimas individuales y de cuatro sujetos colectivos reconocidos ante la justicia transicional. La magistrada señaló que sus relatos incluyeron la pérdida de familiares, proyectos de vida truncados y secuelas que todavía persisten.
La Sala determinó que los hechos investigados se desarrollaron bajo dos patrones macrocriminales: el control social y territorial, y la conducción de hostilidades.