La exposición de barrios en zonas de ladera, el manejo crítico de residuos en el relleno Doña Juana, las amenazas a la seguridad hídrica, el avance de la transición energética y la protección efectiva de los ecosistemas son las cinco asignaturas pendientes que un balance del Concejo de Bogotá puso sobre la mesa para la capital de cara al clima.
El riesgo en las laderas tiene mapa
Los datos muestran que la mayor amenaza se concentra en territorios específicos. El 65 % de las manzanas de Usme está en depósitos de ladera inestable y en Ciudad Bolívar el 61 % está en zonas de ladera. Además, hay más de 3.000 manzanas de estrato 1 ubicadas en sectores de alta pendiente.
La concejal Donka Atanassova (Pacto Histórico) cuestionó que no exista una identificación georreferenciada suficiente de viviendas informales sin reforzamiento y sostuvo que los programas de mejoramiento de vivienda y entorno deberían priorizar los sectores más vulnerables.
Doña Juana y el alto costo de enterrar la basura
Otra preocupación es que Bogotá siga dependiendo de enterrar residuos en Doña Juana, un proceso con un alto costo climático. Para Melizza Ordóñez, directora del Departamento de Ingeniería Ambiental de Uniagraria, la disposición en relleno genera metano, malos olores y vectores.
El problema no se limita a la capacidad del relleno, que recibe 7.500 toneladas diarias de basura y solo aprovecha el 16 %, sino al modelo que prolonga los impactos ambientales. Aunque el Acuerdo 790 plantea avanzar hacia un modelo que reduzca esa dependencia, a la fecha se mantiene el contrato con el mismo operador y no hay planes de corto plazo para reemplazarlo.
Atanassova también cuestionó la extensión de los contratos con los operadores actuales, sin exigencias más fuertes para impulsar la economía circular. Ordóñez planteó que el camino exige separar los residuos, fortalecer el aprovechamiento y tratar la fracción orgánica como recurso, por ejemplo para producir biogás.
Agua y ecosistemas, después del racionamiento
El racionamiento de agua de 2024 y 2025 expuso la fragilidad de las fuentes de abastecimiento de Bogotá. La seguridad hídrica requiere proteger cuencas, reducir pérdidas en las redes y desarrollar alternativas para períodos secos más prolongados. Según la concejal, sin embargo, el Plan de Acción para la Seguridad Hídrica no contó con recursos para 2024-2026.
Se puso en marcha un estudio de alternativas de abastecimiento con apoyo del BID, cuyos resultados no se han hecho públicos. El Distrito también presentó recientemente un programa para recuperar y proteger zonas de abastecimiento gracias a una donación del Fondo Verde, aunque sus resultados apenas se medirán en unos años.
En la misma línea, la PTAR Salitre trata el 30 % de las aguas residuales de Bogotá mientras el resto dependerá de la futura PTAR Canoas: su retraso prolonga la descarga de aguas contaminadas y aplaza la recuperación del río Bogotá.
Los cerros y los humedales ayudan a regular la temperatura y retener agua, por lo que su conservación es también una medida de adaptación. Atanassova cuestionó los retrasos en los planes de manejo y la falta de trazabilidad de las compensaciones por tala, aunque reconoció que no tiene evidencias sobre posibles duplicidades en el registro de árboles compensados. Ordóñez consideró que la protección requiere continuidad, mantenimiento, participación comunitaria y resultados medibles.
Una transición energética con preguntas abiertas
Transmilenio informó que los buses que ingresen para reemplazar vehículos al final de su vida útil serán eléctricos, y que la renovación de flota se formalizó mediante un otrosí. La entidad no precisó el número de automotores ni un cronograma detallado. Atanassova cuestionó ese ritmo y puso sobre la mesa la situación de La Rolita, la operadora de transporte eléctrico, así como los avances insuficientes en comunidades energéticas y zonas de aprovechamiento solar.
Para Ordóñez, el cambio no consiste solo en reemplazar una tecnología: exige revisar el modelo de movilidad y garantizar la sostenibilidad de las soluciones. El concejal David Saavedra pidió avanzar en la identificación de infraestructura crítica y en planes ante eventuales fallas del suministro eléctrico, pues hospitales, semáforos y sistemas de distribución de alimentos dependen de la continuidad de la energía.
Los cinco frentes muestran que la emergencia climática no se expresa en un solo fenómeno ni se resuelve con una única obra. Ordóñez señala que el desafío es pasar de una gestión centrada en responder a las emergencias a una que incorpore el riesgo en las decisiones cotidianas, con coordinación entre entidades y continuidad de las políticas más allá de los cambios de administración.
El balance de los compromisos se medirá en la capacidad de convertir el conocimiento del territorio en prevención: cómo se construye, cómo se garantiza el agua y qué ecosistemas se protegen, antes de que la próxima emergencia vuelva a ponerlo a prueba. Las entidades distritales consultadas por el medio queOriginó el debate precisaron que sus respuestas se darán en la continuación de la discusión.