El Gobierno Nacional amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 el periodo de transición del Sisbén IV al Registro Universal de Ingresos (RUI), sistema que reemplazará al Sisbén como instrumento único para focalizar subsidios y programas sociales en Colombia.
La decisión quedó consignada en el Decreto 1621 del 28 de octubre de 2026, que modificó el cronograma de implementación y fijó nuevas reglas para la caracterización socioeconómica de los hogares.
Durante este periodo, las entidades encargadas de los programas sociales deberán establecer sus propios esquemas de adaptación al RUI. Esto incluye definir cronogramas, criterios de focalización y medidas para evitar interrupciones injustificadas en la atención de los beneficiarios.
Razones para extender el periodo de transición
Según el decreto, después de iniciar la implementación del RUI se recibieron más de 120.000 peticiones relacionadas con la nueva clasificación socioeconómica. La cifra supera las 42.407 solicitudes registradas durante todo 2025 en el Sisbén IV.
El Gobierno también tuvo en cuenta las dificultades técnicas y operativas del nuevo sistema, además de las afectaciones provocadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 en municipios y hogares de las zonas impactadas.
El RUI tenía inicialmente como fecha de implementación el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el Decreto 875 de 2024. Luego, el Decreto 662 de junio de ese año estableció el 1 de agosto como fecha para que comenzara a operar como único instrumento.
Qué ocurrirá mientras avanza el cambio
Mientras termina la transición, el Sisbén IV seguirá funcionando como fuente de información para caracterizar los hogares y construir, validar y actualizar el nuevo registro. Una vez concluido el plazo, el RUI será el instrumento único para definir la focalización de la oferta social.
El decreto también incorpora la Ventanilla Social, una herramienta administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para consultar la clasificación socioeconómica y conocer la oferta disponible. La plataforma no asignará ni retirará beneficiarios: esas decisiones continuarán en manos de las entidades responsables de cada programa.
Los ciudadanos podrán solicitar encuestas de caracterización socioeconómica y pedir la actualización o modificación de sus datos cuando cambien sus condiciones.