La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló, con ocho votos a favor, que Colombia se adhiera al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El mecanismo fortalece la vigilancia internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a esa población.
El protocolo permite que las personas con discapacidad presenten comunicaciones ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas cuando consideren que el Estado ha vulnerado sus derechos.
Qué permite el protocolo
El acuerdo fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2006, en Nueva York. También contempla un procedimiento de investigación para determinadas situaciones de violaciones graves o sistemáticas.
La Corte Constitucional concluyó que el protocolo es compatible con la Constitución y que su aprobación corresponde a las competencias del Congreso en materia de tratados internacionales. Su vigencia comenzará a partir de la publicación correspondiente.
El tribunal aclaró que esta herramienta internacional no sustituye a los jueces ni a las instituciones colombianas. Su función es ofrecer una vía adicional de protección y seguimiento para las personas con discapacidad.