El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de Colombia hasta 2027, pero lo despojó de la vigilancia de la reforma rural, tal como lo pidió el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La resolución, construida por Reino Unido a solicitud directa del canciller Omar Bula, se aprobó por unanimidad —15 votos a favor— la mañana del 30 de octubre en Nueva York.
Es el segundo ajuste a esa delegación internacional en menos de un año. El despliegue se mantiene, aunque su liderazgo recae en Miroslav Jenca, y su labor quedará limitada a la seguridad, la desmovilización y la reintegración. La reforma rural integral, punto 1 de lo firmado con las Farc que se incorporó a la Misión en 2023, dejó de ser de su competencia.
Qué argumentó el Gobierno
En la solicitud presentada el 12 de octubre ante la ONU, el Ejecutivo sostuvo que el apartado rural tiene “una naturaleza distinta”: es “una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”.
La petición se coordinó con el Ministerio de Agricultura, a cargo de Indalecio Dangond, que ya adelantó numerosos ajustes a las políticas heredadas de la administración de Gustavo Petro.
En balanza del embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, el saldo de la década es negativo: “El Acuerdo de Paz 2016 no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradero”.
Las cifras que esgrime el Gobierno
Gaona citó ante el Consejo datos sobre la lentitud del punto 1: según el Instituto Kroc, para noviembre de 2025 solo el 9 % de las disposiciones del capítulo rural tenía ejecución completa; el 20 % estaba en estado intermedio y el 67 % en estado mínimo. De la meta de tres millones de hectáreas prometidas al campesinado sin tierra, la Agencia Nacional de Tierras reporta 72.880 adjudicadas, el 2,4 % del total.
El embajador además remarcó que Colombia incrementó casi 42 % el número de actores en armas tras la firma: en La Habana habría 20.420 guerrilleros y, según las cifras de Gaona, en 2026 se registraron 29.004, de los cuales 10.517 integrarían las disidencias de las Farc.
No es el primer recorte
La resolución 2797, que amplió el mandato hasta octubre de 2025 con el mismo respaldo pleno, ya había eliminado el seguimiento al capítulo étnico y a las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP es hoy otro de los blancos de la administración: sectores oficialistas impulsan en el Congreso una iniciativa para cesar sus funciones en 2028 —el mandato constitucional del tribunal va hasta 2033— y en apenas tres meses de Gobierno su presupuesto para 2027 le recortó COP 170.000 millones, quedando en 651.803 millones. Para el presidente, ese tribunal ha sido una vía de “impunidad” para quienes estuvieron en la guerra.
Los votos que lamentaron la decisión
China, Rusia, Liberia y Dinamarca expresaron su preocupación por retirar las tareas sobre el apartado rural, el punto de partida del pacto firmado con las Farc. La delegación china pidió a Colombia “invertir más recursos en zonas remotas a infradesarrolladas promoviendo una paz sostenible”, y Rusia fue directa: “Deploramos que se haya excluido del mandato de acompañamiento de la reforma agraria”.
Reino Unido y Estados Unidos, en cambio, celebraron que la Misión vuelva a su foco central. La delegada británica afirmó que “diez años después las lecciones están claras. Proteger lo que se ha conseguido con el acuerdo y hacer frente a los problemas de seguridad no es incompatible”. Washington subrayó que Colombia “está dispuesta a impulsar la reforma rural como su propia responsabilidad nacional” y llamó al país “un ejemplo”. El acercamiento se refleja además en la autorización de un encuentro entre el vicepresidente JD Vance y De la Espriella, tras la primera foto oficial con el secretario de Estado, Marco Rubio, el 8 de septiembre en Barranquilla.
La ruta del Gobierno
La consigna que marca la nueva ruta de paz del Ejecutivo resume el giro: “Sin seguridad, la paz es solo una idea”. En menos de 100 días de gobierno, el presidente ha sostenido la decisión de no establecer canales de diálogo o negociación con estructuras criminales y entregó el liderazgo de esa hoja de ruta a la exfiscal general Viviane Morales, que llegará al Alto Comisionado para la Paz y, además, tendrá funciones de encargo en la Unidad de Implementación. Será ella la interlocutora directa con la Misión de Verificación, un contacto que hasta ahora se ha dado solo con miembros del gabinete.
Con el Acuerdo de la Habana cumpliendo una década el 24 de noviembre, el escenario que queda es el del endurecimiento: se potenciarán los asuntos de seguridad sobre los de justicia transicional, algo que podría consolidarse con la ley de sometimiento que cursa en el Congreso y el estatuto antiterrorista, en los que se endurecen los términos del trato con agrupaciones criminales. Los próximos meses serán determinantes para esa estrategia, que avanza con celeridad en sus primeros pasos.