El Tribunal Superior de Barranquilla eliminó el teletrabajo para los jueces del distrito judicial del Atlántico mediante una circular firmada por su presidente, Carlos Andrés Pérez. La disposición rige desde este viernes 30 de octubre y nació del recorrido del magistrado por distintos municipios, donde encontró despachos judiciales sin la presencia de los funcionarios.
En su argumentación, el magistrado sostuvo que para muchas comunidades el juez es una de las figuras del Estado más próximas y que su permanencia en el territorio permite escuchar a los usuarios, orientarlos y atender directamente sus necesidades. La presencialidad, para la presidencia del Tribunal, es también una forma de fortalecer el contacto de la administración de justicia con la ciudadanía.
Los reparos de los jueces
Una de las voces críticas es la de Carmen Beatriz Barros, jueza del Juzgado 14 Civil Municipal de Barranquilla. Para ella el debate no debe concentrarse exclusivamente en el lugar desde donde se trabaja, sino en las condiciones que permiten responder oportunamente a los ciudadanos: algunos juzgados del Atlántico tramitan entre 1.200 y 1.300 procesos al año, una carga que implica jornadas extensas y labores que, a veces, continúan después del horario habitual.
Como ejemplo de esa presión, la jueza mencionó que un juzgado de Barranquilla puede recibir entre 300 y 400 acciones de tutela al año y recordó que, durante la emergencia por el terremoto, procesó entre siete y ocho tutelas diarias procedentes de Pereira. El volumen, advirtió, tiene consecuencias: más horas de trabajo, mayores niveles de estrés y menos tiempo para las familias. Por eso considera que la evaluación del desempeño debería tener en cuenta el volumen de asuntos de cada despacho y su capacidad para evacuarlos.
Los jueces también rescatan las herramientas digitales incorporadas para agilizar la atención. Según Barros, la atención al público puede darse mediante ventanillas físicas y virtuales, y las audiencias virtuales permiten que abogados y usuarios participen en diligencias desde sus oficinas, sus viviendas o desde otras ciudades, lo que reduce desplazamientos y facilita el acceso. En su criterio, esa posibilidad debería estar disponible igualmente para los jueces, siempre que se garantice el cumplimiento de sus funciones y el avance de los procesos.
La seguridad es otro de los argumentos. Según testimonios de jueces, algunos funcionarios han recibido amenazas por el ejercicio de sus funciones, por lo que el trabajo remoto puede convertirse en una alternativa para reducir su exposición frente a organizaciones criminales y estructuras delincuenciales que operan en el departamento.
La orden dejó así frente a frente dos lecturas del servicio judicial: la presencialidad como forma de acercar la justicia a las comunidades, y la tecnología como vía para ampliar el acceso y proteger a quienes administran la ley. El desafío, coinciden las partes, es distinguir qué labores exigen presencia y cuáles pueden desarrollarse a distancia.