El Gobierno de Abelardo De la Espriella presentó ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, que incluye una reorganización integral del Estado: el Ejecutivo pasaría de 209 a 104 entidades y el ahorro estimado alcanzaría $8,6 billones.
El monto equivale a cerca del 1,35 % del Presupuesto General de la Nación para 2027, fijado en $634,9 billones. En el ejercicio comparativo de la iniciativa, si se descontaran esos ahorros, el presupuesto quedaría en $626,3 billones.
Para ejecutar la reorganización, el proyecto otorga facultades extraordinarias al presidente durante seis meses, una vez entre en vigencia la ley, con el fin de suprimir, fusionar o escindir ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y agencias. La propuesta fue estructurada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y busca reducir la duplicidad de funciones, concentrar responsabilidades y bajar los gastos de funcionamiento de la administración.
Qué cambia en ministerios y entidades
De los seis departamentos administrativos actuales solo subsistirían dos: el de Planeación, Inversión y Desarrollo Nacional —que corresponde al hoy Departamento Nacional de Planeación— y el de Información Estadística y Evidencia Pública, que hoy se conoce como Dane.
En materia ministerial, el plan fusiona las carteras de Deporte y Cultura, y las de Educación y Ciencia. El total se mantendría en 18, porque se crearían dos nuevas entidades: el Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que absorbería las funciones del Dapre; y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanía y Familia, que tomaría responsabilidades hoy del Departamento de Prosperidad Social y del Icbf.
Recortes de gasto y austeridad
El proyecto propone disminuir 20 % los gastos de personal para 2028, sin incluir a la Fuerza Pública, y recortar 50 % los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión desde 2027.
También limita la publicidad oficial a información de interés general, como trámites, servicios, salud y emergencias. Exige autorización del Dapre para la pauta de entidades nacionales, prohíbe promocionar la gestión del Gobierno o de funcionarios y restringe la contratación en medios impresos.
Qué advierten los expertos
Julián Solorza Martínez, socio del área de litigios y derecho público, precisó que "es importante aclarar que el proyecto no establece cuánto se ahorraría con la fusión o eliminación de entidades. El monto dependerá de las decisiones del Gobierno".
César Camilo Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes, señaló que la supresión o fusión de entidades "puede exigir modificaciones de plantas de personal, liquidación, traslados, terminación de contratos y reorganización de sistemas".