La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene un nuevo presidente y un plan de austeridad. El magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth se posesionó este jueves 5 de noviembre y su primer anuncio fue que la institución se retiene con gastos para que sus recursos alcancen hasta 2028, acompañado por la magistrada Diana María Vega Laguna como vicepresidenta.
El golpe tiene origen en la financiación. Cuando se discutía el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, la JEP solicitó 947.000 millones de pesos. El gobierno de Abelardo de la Espriella consideró solo 822.000 millones y, finalmente, fue el Legislativo el que fijó que la JEP deberá operar en adelante con 721.803 millones de pesos.
Entre las primeras medidas que anunció el nuevo presidente está la entrega de la sede actual en marzo de 2027: "Entregaremos este edificio de 15.000 m² y nos pasaremos a uno de 4.200 metros cuadrados, con una reducción de costos de unos COP 26 mil millones anuales, lo que nos obliga a imponer el trabajo virtual como regla y estructurar un modelo de trabajo rotativo", dijo Rojas Betancourth durante su posesión.
Los recortes anunciados
El segundo golpe afectará las oficinas de los enlaces territoriales, que serán entregadas para buscar apoyo en las universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las alcaldías y gobernaciones, y organizaciones privadas.
También reducirán los esquemas de protección de magistrados, fiscales y del secretario ejecutivo. En el caso de este último, el ajuste no será una reducción: la JEP prescindirá de su protección.
El punto que más preocupa es la medida sobre las víctimas, los testigos y los comparecientes, a quien se les reducirán los esquemas de protección. Según el nuevo mandata, ese ajuste representa un "ahorro" aproximado de 37 mil millones de pesos al año.
Los contratistas tampoco se salvarán. La JEP decidió un recorte del 85% en los contratos de prestación de servicios, un ajuste aproximado de 83.000 millones de pesos. Rojas Betancourth advirtió que será necesaria una reestructuración de la planta de personal para compensar el apoyo que se va.
El plan de cierre de actividades
El nuevo plan Estratégico, que se ajustará este año tras el cierre del anterior en diciembre, plantea las fechas de cierres parciales y definitivos de actividades. La Sala de Amnistía o Indulto atenderá alrededor de 2.000 solicitudes de amnistía, mientras que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad culminará la fase dialógica de los 11 macrocasos con la expedición de 22 resoluciones de conclusiones pendientes.
Para marzo de 2027, la Unidad de Investigación y Análisis — descrita por el magistrado como "nuestra pequeña Fiscalía" — habrá realizado las últimas acusaciones viables ante el Tribunal para la Paz para iniciar los juicios adversariales o solicitado las preclusiones que sean el caso.
El mandatario View agradeció al Gobierno Nacional que asuma la responsabilidad de proteger a víctimas, testigos y comparecientes, según las normas del conflicto que establece la pacificada: "Pediremos al gobierno nacional asumir esta responsabilidad, la protección de víctimas, testigos y comparecientes, con base en lo establecido en las normas pertinentes".
También llamó a la comunidad internacional a renovar el apoyo técnico y financiero que la jurisdicción necesita "en este momento decisivo", y aseguró que la JEP no abandonará su gestión para que el Gobierno, el Congreso y otros actores entiendan la prioridad de lograr un equilibrio presupuestal durante los próximos dos años.