El Gobierno y un grupo de congresistas sostuvieron este sábado en Barranquilla la primera reunión para negociar la Ley de Rescate. La iniciativa, radicada en las últimas semanas, busca recaudar $46 billones en 2027 y ya enfrenta resistencias, incluso entre algunas bancadas cercanas al Gobierno, por el aumento del IVA en productos de la canasta básica.
Al encuentro asistieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. No estuvieron el presidente De la Espriella ni representantes de la oposición, que no fueron invitados.
Las objeciones del Centro Democrático
La cita se produjo después de que integrantes del Centro Democrático expresaran en redes sociales sus desacuerdos con el articulado. La bancada que lidera el expresidente Álvaro Uribe ha manifestado reparos al incremento del IVA del 5 % al 19 % sobre algunos productos de la canasta básica.
El senador Carlos Meisel afirmó que su partido no tiene “en particular una línea roja” y que la prioridad es salvar al país y el bolsillo de los ciudadanos. Añadió que le presentaron al Gobierno, de manera respetuosa, los puntos que ya habían divulgado en redes sociales, conscientes de que existe un problema fiscal.
La representante Hilda Gutiérrez, de la misma bancada, dijo que el Centro Democrático presentó “una alternativa para modificar esta iniciativa”. “Respaldamos la austeridad del Estado, pero no que el ajuste fiscal termine pagándolo el bolsillo de los colombianos”, sostuvo. Y resumió su posición: “sí a reducir el gasto público, no a gravar con IVA productos esenciales de la canasta familiar”.
El representante Yamit Hurtado describió el encuentro como “una reunión cordial” y destacó “una gran disposición de escucha y diálogo” del gabinete ministerial. Señaló que hay puntos de acuerdo y otros de desacuerdo, y que el siguiente paso será trabajar en mesas técnicas para construir los consensos.
El camino en el Legislativo
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, sostuvo que el objetivo es “recuperar las finanzas públicas, proteger el bolsillo de los colombianos y garantizar la inversión”. Pero advirtió que “se percibe mucha resistencia al aumento del IVA”, por sus posibles efectos sobre la canasta familiar, el campo, las familias cafeteras, el acceso a internet, las energías renovables y el turismo.
El Gobierno tiene hasta el 16 de diciembre, un poco más de seis semanas —más los posibles días de sesiones extraordinarias—, para conseguir los votos que necesita en el Legislativo y aprobar la reforma.