El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, afirmó que la Paz Total impulsada en el gobierno de Gustavo Petro dejó al país "nadando en coca" y que las fallas del Acuerdo de Paz explican la existencia de varias disidencias de las FARC que hoy libran una guerra a muerte por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico. El jefe de la cartera política hizo los señalamientos ante los presidentes de las Salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un balance crítico de casi diez años de funcionamiento de ese tribunal de transición.
Para Ordóñez, la forma en que se diseñó y firmó el Acuerdo de Paz, tras las negociaciones en La Habana (Cuba), está en el origen de la actual crisis de seguridad. "En síntesis, la paz total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades", afirmó, antes de calificar el pacto como "un acuerdo mal hecho, mal diseñado".
Quién amenaza a los desmovilizados
El ministro sostuvo que la principal amenaza contra los desmovilizados de las FARC no proviene de grupos que se presenten como contrainsurgentes, sino de aparatos criminales que se disputan el narcotráfico y las rentas del oro ilegal. "Los asesinos son los que son, principalmente aparatos criminales que se disputan el narcotráfico y las rentas del oro ilegal", dijo, y añadió que en muchos casos son las mismas disidencias de la exguerrilla —los Mordiscos, los Calarcas— las que asesinan a sus antiguos camaradas para controlar zonas de injerencia histórica de las antiguas FARC o corredores claves para el tráfico de drogas. "Esa es la realidad pura y dura", sentenció.
Ordóñez reiteró que el compromiso del gobierno y del ministerio es garantizar, como lo ordena la Constitución, la seguridad y la protección de la vida e integridad de quienes dejaron las armas, y sostuvo que hoy no hay paramilitares ni fuerzas violentas que se presenten como contrainsurgentes para justificar su existencia con asesinatos de desmovilizados. Por esas amenazas, según su balance, muchos comparecientes ante la justicia transicional han visto truncada su posibilidad de recibir justicia y reparación de sus victimarios.
ELN y violencia en las regiones
El panorama se agrava, añadió el ministro, por el fortalecimiento del ELN en varios departamentos, con atentados contra la población civil y contra agentes de la Fuerza Pública. "La confrontación entre el ELN y la estructura 33 de las disidencias en Catatumbo, las masacres en el Guaviare y la violencia en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño son eso", señaló. "Así nos guste, esa es la dura realidad que padecemos".
Ante ese escenario, sostuvo que el presidente De La Espriella "ya ha retomado el liderazgo civil de la seguridad".
El llamado a la JEP
Ordóñez pidió a la JEP cumplir sus mandatos constitucionales y legales y emitir las sentencias pendientes, para que los comparecientes se sientan seguros. "La mejor política de protección de los comparecientes ante la JEP, testigos y víctimas no es multiplicar indefinidamente los carros blindados, los hombres y mujeres de seguridad, los chalecos y los botones de pánico", advirtió. "Mientras no se consiga derrotar las amenazas y disminuirlas drásticamente, no hay carros ni chalecos que alcancen".
El ministro defendió una política de seguridad "fuerte, firme, contundente", sin complacencia con los criminales ni con los discursos que justifican el delito: mano dura para perseguir y desmantelar esos aparatos armados, pero —precisó— también para exigir el respeto absoluto a las libertades civiles y a los derechos humanos que, dijo, son la fuente de legitimidad de esa política.